La directora nacional de la Misión de Observación Electoral MOE-, Alejandra Barrios Cabrera, vino personalmente a Valledupar para alertar sobre los riesgos electorales que existen en el Cesar, para que las autoridades y la ciudadanía los conozcan y reaccionen frente a los delitos electorales.
La estrategia ciudadana de observación electoral que presentó la MOE ayer en la capital del Cesar debe tener todo el eco posible y acoger el llamado de urgencia que hace esta organización.
Por algo está diciendo que el Cesar es el tercer departamento de Colombia con mayor tasa de inscripción de cédulas (trashumancia electoral).
La Jagua de Ibirico, Becerril, Río de Oro, El Paso, La Gloria, Pueblo Bello, Chiriguaná, Sam Diego, La Paz y San Martín registran una tasa superior de inscripción de cédulas a la media nacional.
Solo el caso de La Jagua de Ibirico requiere toda la atención, algo pasa en esa población y es necesario que se haga una vigilancia preventiva y no correctiva.
Estos datos atípicos, según la MOE, pueden ser indicativos de la movilización irregular de ciudadanos para inscribir su cédula en puestos de votación con el fin de controlar su voto, lo que constituye el delito de trashumancia electoral.
Textualmente dice: Cualquier inscripción motivada por razones distintas como la zonificación irregular que hacen las campañas para conocer la voluntad de los electores es ilegal.
Esta Misión no es nueva en el Cesar, desde hace ocho años hace presencia en 13 municipios del departamento y ha logrado que más de 450 cesarenses se conviertan en observadores electorales.
Por eso hay que prestarle atención a estas alertas. Mientras la tasa de inscripción en la media nacional de se encuentra en 72.46, en la La Jagua de Ibirico llega a 214.07, seguida de Becerril con 192.67 y Río de Oro con 143.27, es decir que doblan el índice nacional.
En esos municipios señalados es importante el trabajo de las autoridades, pero es muy clave la actitud ciudadana, el poder del voto de cada persona, si no se prestan para satisfacer los intereses electorales de los políticos, pueden elegir al candidato más idóneo para administrar al municipio.