El Código de Infancia y Adolescencia, ley 1098 de 2006, establecía que los menores que incurrieran en delitos, al cumplir la mayoría de edad debían salir del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y ser juzgados como adultos, otros simplemente salían de los procesos. Sin embargo, esto fue modificado por la Ley de Seguridad Ciudadana 1453 de 2011, debido a la reincidencia por parte de los menores o la utilización que los adultos hacen de ellos para que cometieran delitos.
Por lo anterior, quienes cometan delitos siendo menores deben permanecer en los Centros de Atención Especializada, como lo es hoy el Centro de Formación Juvenil del Cesar, antiguo CROMI (Centro de Rehabilitación y Observación al Menor Infractor a la Ley Penal), hasta finalizar su sanción, sin importar que cumplan la mayoría de edad.
La mayoría de los jóvenes que cometen delitos lo hacen bajo el efecto de las drogas y tras ser detenidos son dejados a disposición de la Fiscalía, esta a su vez lo presenta ante un juez con funciones de control de garantías, en el marco del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Por ello el trato es diferente al de los adultos, porque el menor infractor también es considerado como víctima, y a menos que se trate de delitos graves como homicidio, secuestro, extorsión o ataques sexuales, son internados en el Centro de Formación Juvenil, CFJ, hasta que paguen toda su condena.
Por homicidios, secuestro, ataques sexuales y extorsión los menores responsables pueden estar entre cuatro y ocho años internados en estos sitios de resocialización.
Un claro ejemplo es el de alias ‘Luisito’, quien siendo menor de edad ya tenía a cuestas un largo prontuario que incluye hurtos y el homicidio de un subintendente de la Policía, que se opuso a un atraco que en 2010.
Luisito fue un dolor de cabeza para las autoridades desde los 13 años de edad y actualmente es uno de los internos del CFJ. En este mismo centro deberá permanecer el menor de 17 años, que está implicado en el crimen del agente del CTI, Sergio Medina Vergara, baleado durante un atraco en el norte de Valledupar.
El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y los lineamientos del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar establecen que dentro de los Centros de Formación, adolescentes y mayores de edad no pueden compartir celdas. Sin embargo, debido al espacio con el que cuenta el Centro de Formación Juvenil de Valledupar, tres unidades (celdas), dicha orden no se cumple.
Actualmente en el CFJ están en proceso de resocialización 36 adolescentes por diferentes delitos. De estos, 22 son menores entre los que hay solo una mujer adolescente y 14 ya son mayores de edad, una circunstancia que preocupa a la actual directora del Centro, Daniela Pumarejo Medina, debido a que, con el fin de proteger los derechos de la menor es aislada de los varones, provocando un leve hacinamiento en los módulos masculinos, teniendo en cuenta que la infraestructura está diseñada para albergar a 30 menores; 10 infractores por módulo.
Si bien la reubicación de CFJ es algo que se viene debatiendo desde el 2014 cuando el Concejo de Valledupar dejó plasmado la necesidad de ubicar al centro en un espacio más amplio, a la fecha sigue en el mismo sector, carrera 19E con calle 5B, pese a que el gobernador del Cesar, Francisco Ovalle Angarita, y el alcalde de Valledupar, Augusto Daniel Ramírez han manifestado su voluntad para trasladar la sede del antiguo CROMI.
“Este es un predio que le pertenece al Bienestar (ICBF) desde 1992 antes no era privativo de la libertad, los jóvenes cumplían alguna actividad específica y se regresaban a sus casas. Desde el año 2015 al no contar con un centro los menores debían ser trasladados a Cartagena o Bogotá, es ahí donde se decide que el antiguo CROMI se convirtiera en un Centro de Formación Especializado. Sin embargo, el centro se quedó pequeño. Alcaldía y Gobernación deben hacer aportes al sistema, hay una voluntad; el gobernador por su parte dijo que el construiría a través de regalías el centro y la Alcaldía entregará el lote. Sin embargo, los tres lotes que ha puesto a disposición la administración municipal, no han tenido el aval del Bienestar Familiar, que se necesita. Es decir, estos no han cumplido con los requisitos de esta entidad”, contó Daniela Pumarejo Medina.
Sin embargo, según la funcionaria, el proceso de resocialización de los jóvenes infractores se hace bien y está a cargo de un grupo interdisciplinario conformado por trabajadoras sociales, psicólogos, educadores de planta, un grupo de oración e instructores de música y yoga. El centro cuenta con taller de ebanistería, cancha de fútbol, rin de boxeo y una emisora, donde los menores pueden ocupar su tiempo y dar inicio a la resocialización que necesitan.
Agregó que, por lo general, estos menores son integrantes de hogares disfuncionales, de padres separados, o donde los adultos responsables trabajan todo el día, se ausentan o tienen problemas con el alcoholismo o la drogadicción.
En el CFJ hay un joven de 22 años que durante 28 meses de resocialización ha logrado realizar cursos de técnica vocal, locución y producción audiovisual e iniciará de manera virtual la carrera de Comunicación Social y Periodismo.
“Al ingresar si fue muy duro, renegaba por todo, luego empecé a ver todo como una oportunidad para ser mejor persona. Allá afuera no hubiese tenido las oportunidades que el Centro me ha dado. Nunca pensé estar encerrado y la experiencia me ha servido, creo que si es posible el cambio, todo está en la disposición que uno le ponga”, contó el interno que llegó a este sitio siendo menor de edad y que hoy que puede salir como un hombre de bien a aportarle a la sociedad.
Investigadores de la Policía, aseguran que la mayoría de los atracos o robos cometidos por los adolescentes no son denunciados, porque las víctimas saben que no habrá resultados contundentes y en cambio se arriesgan a retaliaciones de los delincuentes.
Por Jennifer Polo / EL PILÓN