Infortunadas las declaraciones que concedió el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, el viernes pasado después de conocerse por la televisión las imágenes de los atentados ocurridos en Bogotá, al considerar que los ciudadanos no deben entregar ese material a personas distintas a las autoridades.
Si las palabras del Fiscal se hacen realidad y se prohíbe y se castiga a las personas que nos suministran a los medios de comunicación imágenes de hechos de interés general que ocurren en las zonas de injerencia de los medios, como el caso de EL PILÓN, ¿a qué nos enfrentamos?
Si eso ocurre en la capital del país, que pasará entonces para las regiones, donde en los pequeños municipios ocurren hechos cada día, como sucedió en Pailitas la madrugada de ayer sábado, donde hubo un atentado contra la estación de Policía. ¿No podremos los medios publicar fotografías que compartan los ciudadanos por redes sociales o que nos suministren directamente?
Nos sumamos a la posición de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, que considera que las declaraciones del Fiscal General de la Nación son contrarias al derecho a la libertad de expresión, e intimidatorias hacia la ciudadanía, pues amenaza con investigaciones penales por obstrucción a la justicia a quienes entreguen materiales de audio o de video, que den cuenta de los hechos, a personas distintas a las autoridades competentes.
Por eso es oportuna la claridad que hizo la organización defensora de la libertad de prensa: “La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) quiere recordar que los medios de comunicación y los periodistas cuentan con el derecho a acceder y difundir documentos o materiales que soporten sus informaciones, y esto, antes de estar prohibido por una ley que el Fiscal no invoca, está consagrado en la Constitución.
Pero no es un derecho exclusivo de los periodistas, a su vez, los ciudadanos tienen la posibilidad de ofrecer información a los comunicadores cuando consideran que su difusión puede resultar en beneficio de la sociedad.
La libertad de información consiste, justamente, en que la información no sea un monopolio del Estado y que los ciudadanos puedan participar de ella generándola, usándola y compartiéndola”.
Es importante por lo tanto recordar –dice la FLIP- que en la labor de informar es indispensable la correcta relación de confianza entre las fuentes y los periodistas, por tal motivo, si el Estado tiene el deber de respetar la libertad de prensa, debe también garantizar que las relaciones entre ciudadanos y periodistas fluyan sin restricciones, y las declaraciones del Fiscal no van en esta dirección.