La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, ordenó el arresto del alcalde de Aguachica, Robinson Manosalva, por considerar que no cumplió con las medidas decretadas para salvaguardar los cuerpos que están en el cementerio de los pobres del municipio.
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La jurisdicción mediante un auto ordenó al mandatario a establecer un grupo interdisciplinario para trasladar los cuerpos del cementerio de los pobres al camposanto Católico Central, pero no cumplió con el trabajo.
El alcalde Robinson Manosalva se excusó diciendo que contrató los servicios de la empresa Unión Temporal de Exhumación Paz para las labores forenses, pero no cumplió con el trabajo por no contar con el personal idóneo.
“Se necesitaba una cantidad de personas profesionales que en el momento que se iba a hacer la exhumación no se contaba y tocó que ellos cumplieran con lo que exigía el contrato, porque además de esa exhumación había que trasladarlos hacia un lugar”, explicó Manosalva.
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Pero la JEP consideró que el escrito de reconsideración presentado por el mandatario, ni los documentos allegados con este, dieron cuenta de una situación que justifique el incumplimiento de la orden. Así las cosas, en medio de la audiencia un miembro de la Policía Nacional condujo al mandatario a una de sus instalaciones para estar privado de la libertad por cinco días.
VAN 21 RESTOS EXHUMADOS
En la diligencia, también se conoció que las autoridades solamente han podido realizar la exhumación de 21 restos en el cementerio de los pobres que posiblemente corresponden a víctimas del conflicto armado en el departamento.
Así lo informó Clara Cecilia Rodríguez González, directora técnica del Grupo de Exhumación e Identificación del CTI, luego de entregar un balance sobre las acciones desarrolladas en el camposanto.
“De esos 21 cuerpos, 17 tienen perfilación, cuatro hacen falta por perfilar; nuestros laboratorios tienen un seguimiento de casos que van mensualmente enviando muestras de los CNI antiguos y recientes en este caso”, manifestó Rodríguez González.
Las labores de exhumación se hicieron entre el 2019 a 2021 en respuesta a una demanda en contra de la Alcaldía Municipal y el auto expedido por la Jurisdicción Especial para la Paz para realizar la introspección en el cementerio.
“Nosotros ya hicimos lo que como profesionales correspondía en los laboratorios, que es una necropsia medicolegal, una inspección antropológica y una inspección odontológica. Dentro de nuestros protocolos de los CNI si no aparece la posibilidad de una perfilación genética se hace reconstrucción facial, pero la mayoría de los CNI en el 100 % de los casos que tenemos en nuestros laboratorios, de Aguachica, están totalmente los cráneos en mal estado de conservación para poder realizar esa reconstrucción. Falta la parte investigativa”, agregó Rodríguez González.
EL CEMENTERIO
En las labores de reconocimiento del cementerio de los pobres, estuvieron antropólogos de la Fiscalía y la JEP para conocer sus características.
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El terreno de unos 300 metros cuadrados se encuentra en una finca llamada Los Mangos donde funciona desde los años 70.
Según el informe antropológico, desde sus inicios el cementerio fue usado por las familias de escasos recursos económicos de los barrios San Martín, Villa Concha, Galán y la Unión, puesto que podían sepultar a sus seres queridos de manera gratuita.
Pero la Alcaldía Municipal ni las parroquias tomaron el control del cementerio, sino que comúnmente se venían trabajando con la Junta de Acción Comunal del barrio San Martín.
“Se pudieron identificar 22 cuerpos en la primera zona del cementerio con identificación, en la segunda zona 16 cuerpos con identificación, en la tercera zona 16 cuerpos y en la cuarta zona 9 cuerpos”, puntualizó Rodríguez González.