Somos 72 curadores en apenas 35 municipios de 1.170 en el país; los restantes 1.135 dependen de las Oficinas de Planeación Municipal en el tema de licencias y control físico urbano; de ahí podemos deducir cómo le hacen estas oficinas para estar actualizadas y aplicar las normas vigentes con semejante inseguridad jurídica y con tanto acoso de la politiquería en el manejo de estos despachos. Es casi inexistente la expedición de licencias en estos municipios, pasa de todo y el control físico tampoco existe. No se escapan de este análisis aquellos municipios donde hay la figura de curador urbano, ya que no obstante se expidan las licencias urbanísticas, la corrupción practicada es de proporciones incalculables.
En este sentido leyes como la 9 de 1989 y 388 de 1997 plantean que es necesario determinar las zonas no urbanizables que presenten riesgos para la localización de asentamientos humanos, por amenazas naturales. Las afectaciones más frecuentes se presentan por la ocurrencia de movimientos en masa e incumplimiento de las normas sismoresistentes, por lo que se priorizará el análisis de estos fenómenos, y se establecerán las condiciones técnicas mínimas, que permitan la prevención oportuna de desastres.
Lo ocurrido en Armero, Medellín, Mocoa y Cartagena es la prueba de la incapacidad total de las administraciones municipales para hacer cumplir la normatividad urbanística, puesto que se les ha advertido hasta el cansancio a todas las autoridades de este país, que la violación de estas normas, implica contravención al derecho fundamental al debido proceso por la no aplicación de las leyes, al derecho fundamental a la vida y a la salud, al derecho colectivo de un medio ambiente sano y a la aplicación sistemática de las normas aplicables a las edificaciones; pero ni con pérdidas de vidas humanas hemos dado para controlar la enorme y viva corrupción administrativa.
Aquí en Valledupar son muchísimos los falsos positivos denunciados en los inmuebles y predios construidos con vallas de trámites de licencias urbanísticas de las curadurías en todo el territorio, pasando desapercibida ante la ciudadanía su legalización y contando con la complicidad de los inspectores que ejercen la supervisión al omitir la inspección de dichas obras. Que igualmente hemos denunciado la continuada corrupción de la Oficina Jurídica de Planeación Municipal ante la venta descarada de los procesos contravencionales por los funcionarios públicos, como lo puede demostrar la ausencia total de sanciones y demoliciones que se deberían desprender de dichos procesos y el Alcalde se ha conformado con débiles llamados de atención, sin que se sienta su proceder contundente de investigar para comprobar estos actos, omitiendo con su conducta la repetición día a día de los mismos hechos. Que ante estas circunstancias y de investigarse estas denuncias, su Administración sería también responsable del masivo desistimiento de trámites de licencias que conllevan la evasión de millones de pesos de impuestos que ha dejado de recaudar por su omisión al control físico, el cual se encuentra al garete, sin ninguna metodología para su cabal aplicación. Esperemos a ver qué sucede, algo debe suceder.
Por Augusto Enrique Orozco Sánchez