Ocho municipios del norte del departamento hacen parte de la subregión de los prioritarios con los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, denominados PDET.
Se seleccionaron los municipios con una mezcla de variables técnicas objetivas y no el resultado del azar. Valledupar, Pueblo Bello, La Paz, Manaure, San Diego, Becerril, Codazzi y La Jagua.
Esos planes fueron concertados con cientos de pobladores, y los proyectos que resultaron comprenden un escenario de inversiones de más de 10 años.
Es una gran oportunidad, se han iniciado las primeras obras, inicialmente las ejecutadas por la misma gente que son los proyectos comunitarios de baja complejidad y mucho impacto, tales como el arreglo del puente, los baños de la escuela o el techo del puesto de salud. Las victorias tempranas.
Otros son los proyectos que incorporan diseños, algún grado de planeación y por su magnitud deben ser ejecutados por constructores especializados. Es el caso de una mediana planta de tratamiento de agua residual para preservar las descargas sobre una quebrada.
En cuanto a fondos, se obtienen de recursos especiales para la paz, del presupuesto nacional o de cooperación extranjera; de regalías especiales, a través de los OCAD- Paz, u ordinarios de regalías. Pero llamamos la atención de la cofinanciación, el instrumento de concurrencia de recursos de diferentes fuentes, y que incluye los propios del respectivo municipio y del departamento.
De aportes de la población y del sector privado, bajo la modalidad de ‘Obras por Impuestos’, consistente en que el dinero que se le debe pagar por impuesto de renta a la Nación se puede orientar a obras en aquellos municipios priorizados, que son 170 a nivel nacional pero de los que los cubiertos por los planes PDET encuentran mayor asiento y justificación.
Obras por impuestos ha garantizado que propósitos como la optimización del acueducto de la cabecera municipal de La Paz se lleven a cabo por la destinación, como efectiva donación, que la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá ha hecho de sus tributos, en una suma del orden de $9.000 millones. Recursos que contrata la empresa.
Ese efecto demostrativo de participación empresarial en el desarrollo solo encuentra una limitación cuando otras compañías han querido hacer igual pero el Gobierno nacional solo ha autorizado del total que recibe renta en el país un cupo anual de $ 250.000 millones, que se pueden pagar bajo el instrumento.
Ello ha dificultado que petroleras y mineras puedan hacer aportes mayores a la hora de asumir proyectos que tienen sus estudios listos. Así Ecopetrol no ha podido financiar la etapa del acueducto de Riohacha de conexión de la planta de tratamiento (que por $ 6000 millones construye directamente Cerrejón).
Y no se le facilita a compañías mineras como Drummond hacer una significativa contribución para hacer obras viales de envergadura. Instamos al Gobierno nacional a ampliar el cupo y a facilitar su aplicación.