No conozco al contralor de Valledupar, Álvaro Castilla. De los quince concejales cuestionados en su elección, tengo excelentes relaciones con la mayoría de ellos e incluso por algunos profeso admiración ante la dedicación, esfuerzo y valor con que enfrentan su trabajo político, por lo que mi exclusiva motivación para escribir sobre este tema obedece a la perplejidad de un ciudadano de a pie, producto del repentino desmonte de una sanción que inicialmente se calificó como histórica por lo evidente de la falta disciplinaria, para hoy sospechosamente dejarla archivada en el silencio de la impunidad de un solo pincelazo.
Con tan mala suerte que el 25 de octubre expidieron la Resolución 498, en la que la procuradora encargada reasignó el caso cuando supuestamente ya el fallo en segunda instancia había salido el 18 del mismo mes. Este hecho generó inquietudes y mucho revuelo. ¿Será que la señora procuradora para proferir dicha resolución no tenía el expediente a la mano y no se había enterado de una decisión tan importante?, ¿será que no hay unidad en los expedientes de la Procuraduría?, ¿será que ante la inminencia de tal decisión construyeron un documento fraudulento y le pusieron fecha anterior?, es posible que nunca se sepan las respuestas a estos interrogantes porque estamos en Colombia y en nuestro país al parecer no pasa nada cuando prevalecen algunos intereses.
En todo caso, es un mal mensaje de la Procuraduría General de la Nación, del que no culpo a los concejales ni al contralor porque un sujeto sub júdice utiliza cualquier argucia para salvarse, siempre y cuando se lo permita el funcionario encargado de impartir justicia. Tampoco totalmente a los congresistas cesarenses, que al decir de muchas publicaciones participaron en el esquema ‘yo te nombro tú me eliges’, ‘tú me eliges yo te salvo’, que caracterizó la era Ordoñez y que al parecer fue la causa por la que le anularon su elección. La preocupación para quienes queremos creer en la objetividad de la justicia, realmente es la falta de garantías que ofrece el aparato judicial colombiano.
Muy probablemente el problema radica en el sistema de escogencia de magistrados y titulares de los organismos de control del Estado, tarea hoy encomendada al Congreso de la República, por lo que la ilusión de que en nuestro país por fin impere el respeto, la equidad y libertad es cada vez más remota, debido a que cualquier intento de reforma naufraga en los vulgares apetitos de los altos dignatarios judiciales y congresistas, quienes sacrifican el buen funcionamiento de la justicia en una puja de intereses personales.
Por esto es la injusticia de la justicia. Mientras los ratones voten, pueden seguirse comiendo el queso bajo la mirada impasible del gato. La única esperanza es que los nuevos funcionarios realmente apliquen justicia, con objetividad, atacando la corruptela perversa que se roba el dinero de las penurias sociales que luego invierten en la compra de faraónicas elecciones. De no ser así, mejor apague y vámonos. Un abrazo. –