En un país tan abatido por la violencia como lo es Colombia, aún hay quienes prefieren quedarse en los errores del pasado. Sabemos y lamentamos que ríos de sangre corrieron por los campos colombianos cuando los grupos armados ilegales arremetieron contra la población civil para apoderarse de su tierra y decidir sobre ella. Pero hoy, después de 50 años, son los jueces quienes por fin deciden sobre la propiedad, socavando el poder irracional que se ejerció por las armas.
La justicia, a través de la política de restitución de tierras, se está implementando a lo largo y ancho del país, sin sesgo de ninguna especie, restableciendo los derechos de todos los que fueron despojados y desplazados.
Lamentablemente, muchos de estos crímenes fueron hechos manipulando la institucionalidad. En su momento, los violentos legalizaron, a través de artimañas, despojos que los jueces y magistrados han logrado comprobar como legales solo en apariencia, pero nunca compatibles con la realidad en las diferentes zonas del país. Esos despojos no quedaron, ni quedarán impunes gracias a la restitución de tierras.
Si algo hemos entendido en este proceso es que una paz es sostenible solamente si se siembra institucionalidad en el campo, por lo que el Gobierno está trabajando sin pausa para llevarla a las zonas más apartadas y abonar los caminos de un país que ya empezó a migrar de la guerra a la paz. Con esta decisión estamos saldando una deuda histórica con los campesinos, pequeñas parcelas y hasta empresas, al restablecer sus derechos y recuperar su vocación agropecuaria por medio de la presencia de un Estado que hoy los defiende y los protege.
El Gobierno se ha empeñado en que la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras llegue hasta las zonas más apartadas del país y se dé cumplimiento a los fallos proferidos por los jueces y magistrados designados para llevar a cabo el proceso. Un reto que por más de 50 años nadie asumió. Hoy, a pesar de las presiones y las vías de hecho para interferir en los fallos, la justicia ha restituido cerca de 180 mil hectáreas de tierra a más de 20 mil colombianos, además de asignar cerca de 43 mil millones de pesos para garantizar un retorno sostenible, generador de productividad y fuente de empleo en zonas que por años fueron los epicentros de la violencia.
Hoy muchos viven anclados en el pasado a quienes quiero hacerles un llamado de mirar el presente y las posibilidades que se abren para un futuro en paz. Otros miles como nosotros, que estamos cerca de las víctimas y entendemos este proceso como nadie, vemos el futuro con la esperanza de una Colombia distinta y transformada desde el campo, como debe ser.