El Ministerio de Ambiente amplió hasta el 25 de agosto, el plazo de la convocatoria exigida por la Corte Constitucional para escoger a expertos para la investigación sobre la actividad minera en el país.
“Queremos hacer un estudio que nos ha mando la Corte Constitucional con el mayor rigor posible. En ese sentido se abrió la convocatoria, ya tenemos 250 expertos, tanto académicos, como de la sociedad civil y de las comunidades que se han presentado a consideración para ser parte de este grupo. Hemos ampliado esta convocatoria para que se puedan inscribir todavía mucho más expertos comunitarios y de las universidades y se hará un proceso de selección muy participativo y muy abierto”, indicó el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo.
Los documentos construidos en el desarrollo del proyecto serán publicados en las páginas oficiales de las entidades para los comentarios y proposiciones a que haya a lugar, y se tendrán espacios como foros o presentaciones para conocer el avance del proceso, que permitan una perspectiva objetiva e integral para abordar temáticas específicas dentro de la investigación relacionada.
Para la realización de la investigación, la Corte además consideró que las entidades responsables del estudio podían vincular a más entidades o miembros de la sociedad civil, y a partir de esta facultad los integrantes de la mesa se dieron a la tarea de estudiar la forma en que la sociedad civil podría vincularse a la construcción de la investigación, en el entendido de que el proceso debería tener carácter interdisciplinario y participativo.
Para darle cumplimiento a lo ordenado por la Corte, se definió que la metodología propuesta en la IPBES (Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos), por sus siglas en inglés, permitía una vinculación de diferentes actores por medio de mecanismos de participación que garantizan la transparencia, diversidad de visiones y conocimientos, y la construcción colectiva de la investigación.
La minería es uno de los temas más criticados en el país por la devastación del suelo, especies ambientales y otros factores asociados a la explotación de carbón a cielo abierto, entre otras variables.