Todo indica que la ‘crónica de la muerte de Amoblamiento Urbano’ estaría cercana, como ocurrió en el pasado con la Concesión de Tránsito. Tras múltiples quejas, el Tribunal Administrativo del Cesar declaró nulo el contrato entre la Concesión de Amoblamiento Urbano y el municipio de Valledupar.
Esta cuestionada concesión, por no cumplir con su misión de adecuación y mantenimiento de todo el mobiliario de la ciudad, compromete casi el 27% de los impuestos de los vallenatos, de acuerdo a lo manifestado por el alcalde de Valledupar, Fredys Socarrás Reales, quien explicó que esto equivale a cerca de 12 mil millones de pesos. “Esto es una debilidad tremenda que tienen las finanzas del municipio, mientras mantengamos este contrato”, precisó el mandatario.
Al respecto, la coordinadora de Hacienda Municipal, Sol Yadira Rojas Rivera, precisó que “el presupuesto de Valledupar está comprometido en un alto porcentaje con el tema del amoblamiento. Cuando el municipio estudió este contrato, encontramos vicios de tipo legal, que afectaban el principio de contratación; e igualmente, el tema de vigencias futuras que no se hicieron oportunamente, sino que se hicieron posteriormente a la celebración del contrato, lo cual es completamente ilegal”.
Las arcas de Amoblamiento Urbano, según datos de la funcionaria, están conformadas por el 16% del impuesto de Industria y Comercio, el 25% de impuesto de Avisos y Tableros, el 12% de la Sobretasa a la Gasolina y el 7% de impuesto Predial.
Frente al fallo judicial del Tribunal, el alcalde Socarrás Reales afirmó ante los medios de comunicación de la ciudad que, “hemos hecho parte vital del proceso, que lideró la Procuraduría, en cuanto a la acción de la nulidad del contrato. Cuando entramos en enero del 2012, nos hicimos partícipes y le acopiamos al Tribunal toda la información que requirió, tanto precontractual como contractual, y hemos estado aportándole todos los hallazgos encontrados durante este gobierno”.
Añadió el alcalde que “en marzo del 2013 inicié unas acciones de tipo administrativo, porque la que desarrolla el Tribunal son de tipo judicial. En mis actuaciones me acompaña la Procuraduría General de la República, y aspiro a que los componentes e insumos del fallo de este Tribunal, nos alimentan y nutran y nos den el acerbo probatorio para nosotros tomar, en próximos días, una decisión con respecto al inicio de estas acciones administrativas”.
La aseveración fue sustentada jurídicamente por Sol Yadira Rojas, quien dijo que procedieron a estudiar diversos aspectos de fondo y encontraron que en realidad el contrato tiene unos vicios de orden legal, “que hoy afortunadamente coinciden con la sentencia que expide el Tribunal del Cesar, sentencia que no está en firme, debido a que es en primera instancia; esto lleva un segundo recurso ante el Consejo de Estado; tendríamos que esperar ese segundo fallo, si fuéramos por la vía judicial frente a esa acción contractual que se interpuso por la Procuraduría General de la Nación. Fue este ente de control el que hace unos años encontró falencias e interpuso la acción contractual”, subrayó.
Acerca de la concesión
La concesión Amoblamiento Urbano, actualmente mantiene un vínculo con el municipio de Valledupar, a través de un contrato suscrito en 2005 para un periodo de 15 años, celebrado por el alcalde Ciro Pupo Castro.
El fallo
El fallo señala que existió desviación de poder; es decir, que al momento de celebrar este contrato, el entonces alcalde de Valledupar, Ciro Pupo Castro, no actuó acorde a la ley en ese tipo de contratación, razón por la cual fue declarada la nulidad del mismo.
Reacciones
Al difundirse la noticia por la capital del Cesar, muchos opinaron del tema, entre ellos el veedor Jaine Mora, conocido como el ‘cazador de elefantes blancos’ en Valledupar, quien manifestó “esto es una gran noticia para el pueblo vallenato. Ya lo había denunciado con antelación el 5 julio del 2005 ante la Procuraduría. Desde el principio supe que había una irregular contratación en el proceso de amoblamiento; es tanto que la Contraloría encontró 15 hallazgos en la contratación de amoblamiento, pero la Procuraduría se demoró tanto en el proceso que prescribieron cinco de ellos, pero aún quedan vigentes diez”.
Amoblamiento, en silencio
EL PILON intentó comunicarse vía telefónica en varias oportunidades con el representante legal de la concesión de Amoblamiento Urbano, Javier López, pero no fue posible el contacto, puesto que desviaba la llamada.
Por su parte, el coordinador de la entidad, Harold Naranjo, aseveró que esas declaraciones no eran de su competencia, y que le correspondían a López. Al editor Web de este medio, le manifestó que la concesión no había sido notificada de la sentencia judicial.
Annelise.barriga@elpilon.com.co