Esta columna es un clamor por la prevalencia del interés general, tal cual como lo establece la Constitución Política de Colombia al final de su primer artículo. Me atrevo a decir que la mayoría de los colombianos queremos convivir en paz y, personalmente, estoy de acuerdo con el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el senador Gustavo Petro Urrego, sobre el pacto político y social de una amnistía general con borrón y cuenta nueva en nuestro país. No importa cuáles sean los intereses reales de estos dos personajes en que se acoja esta prerrogativa, cuyos beneficios serían muy importantes para que en Colombia logremos vivir con menos incertidumbre.
Si bien es cierto que la reunión del expresidente Uribe con el sacerdote Francisco de Roux y otros dos miembros de la Comisión de la Verdad fue censurable, más que todo por el indecoroso comportamiento del expresidente y uno de sus hijos, no se debe ignorar que de tanta hostilidad salió la alternativa de perdonar a los principales protagonistas de los desafueros cometidos en el conflicto armado interno colombiano, del cual, tampoco se debe desconocer que, después del acuerdo del expresidente Juan Manuel Santos, solo han quedado las secuelas por todos conocidas, tales como las víctimas y el incremento de las bandas criminales que se enriquecen con el narcotráfico y otras igual de nocivas, en algunas partes más que en otras, especialmente en el área rural.
Es innegable que la amnistía general con borrón y cuenta nueva no será una panacea inmediata, pero si hay y persiste la suficiente voluntad de toda la dirigencia política, empresarial y de toda la sociedad, tarde o temprano se lograría vivir en mejores condiciones ¿Cómo alcanzarlo? Es el interrogante universal. Aunque escribirlo es muy fácil, soy totalmente consciente de que es bien difícil; no obstante, también estoy plenamente convencido de que no es imposible disminuir en gran cantidad la pobreza, aplicar justicia cabalmente, controlar la violación de los derechos humanos y minimizar todos los problemas que actualmente agobian y fastidian a los habitantes de Colombia.
Humberto De la Calle, exjefe de la Delegación para la Paz en La Habana, y Sergio Jaramillo, exalto Comisionado para la Paz del gobierno de Santos, rechazan rotundamente la propuesta del expresidente Uribe, proyectada por Luis Carlos Restrepo (excomisionado de paz del expresidente Uribe), en el ostracismo prófugo de la justicia por la supuesta falsa desmovilización de paramilitares. No es que se menosprecie lo acordado de buena fe, lo que se pretende es el bienestar general de los que viven en Colombia y de quienes la visitan.
En fin, esto es bastante complejo, pero lo mejor es vivir en paz para que la economía fluya sin obstáculos violentos, que la gente obtenga sus bienes con el esfuerzo del trabajo honesto, sin que la corrupción le quite la oportunidad a los más pobres de poder estudiar, lo que permite salir o superar las malas condiciones, los campesinos puedan cultivar sus tierras y tengan vías para sacar a vender sus productos y no se dediquen a sembrar cultivos de narcóticos donde los narcotraficantes llegan a comprarlos; los ganaderos puedan pernoctar a sus haciendas sin temor a ser atracados o secuestrados, y no se destruyan las redes de energía eléctrica y combustibles. El espacio no alcanza para enumerar los beneficios que depara la convivencia en paz.
El fin primordial de los acuerdos de paz, especialmente en aquellos conflictos armados duraderos y depravados, no es castigar inclementemente a los responsables, sino evitar que se repitan y, lógicamente, indemnizar, gratificar y concederles protecciones y bienestar a las víctimas.