“El que por cualquier medio atemorice o amenace a una persona, familia, comunidad o institución, con el propósito de causar alarma, zozobra o terror en la población o en un sector de ella, incurrirá por esta sola conducta, en prisión de cuatro a ocho años y multa de trece punto treinta y tres a ciento cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes”, es lo que reza el artículo 347 del Código Penal Colombiano, pero las sanciones que se aplican por esta conducta son prácticamente nulas porque casi nunca se logra establecer el origen de las amenazas y, por ende, mucho menos judicializar al responsable.
Traemos el tema a colación por la lluvia de amenazas que están surgiendo en todo el país contra periodistas, líderes sociales, sindicalistas, servidores públicos y defensores de derechos humanos. Precisamente, ayer empezó a circular en Valledupar un panfleto en el que un supuesto grupo armado, que se hace llamar ‘Águilas Negras’, amenaza a varios integrantes del sindicato de la empresa de servicios públicos de la ciudad, Emdupar.
Ante esta situación no debe generarse pánico, pero si debe haber reacciones inmediatas por parte de las autoridades. Mientras se establece la veracidad del documento debe garantizarse que a estas personas no les pase nada. Provengan de donde provengan, grupo armado o no, hay una amenaza que debe ser investigada. Alguien puede escudarse en el panfleto para hacerle daño a uno de estos funcionarios, entre los cuales hay dos que han estado vinculados al gremio periodístico de la ciudad.
El tema de las amenazas está tomando fuerza en todo el país, algunas son ciertas y otras no, pero no podemos esperar los muertos para comprobar su veracidad. Las autoridades deben ir adelante en las investigaciones y llevarles un parte de tranquilidad a quienes aparecen en el documento o tomar las medidas si consideran que hay un verdadero riesgo.
Este tipo de intimidaciones no pueden seguir tomando carrera, debe haber un compromiso ciudadano para aceptar las diferencias de credo, raza, inclinación sexual, ideologías políticas, idioma, etc.
Por su parte, Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y Policía Nacional anunciaron que han emprendido acciones de investigación eficaz y pronta sanción a los responsables de las amenazas en las diferentes regiones, pero estas no han arrojado resultados papables.
Recientemente, el presidente Iván Duque Márquez señaló que legalidad “significa defender la vida de todos los colombianos y proteger la integridad de los líderes políticos y sociales y de nuestros periodistas. Nos duele cada homicidio, nos duele cada ataque, nos duele cada amenaza”.
En ese sentido, esperemos medidas eficaces, endurecimiento de penas para este tipo de conductas que lo única que logran es desestabilizar a la institucionalidad, a las víctimas de las intimidaciones y a las familias de estas, porque ciertas o falsas las amenazas siempre logran su objetivo, generar zozobra.