En menos de una semana dos noticias antagónicas, relacionadas con un mismo tema, han copado las páginas de los medios; su cubrimiento y consecuencias son ambivalentes. La primera noticia tiene que ver con el homicidio de un indígena wayuu habitante del escenario de la bonanza eólica de la región más septentrional de Suramérica y por supuesto del país. El cubrimiento de esa trágica y preocupante noticia se circunscribió a la difusión del medio de circulación regional Diario del Norte.
La otra noticia relacionada es alegórica a la llegada, después de más de 17 años, de las primeras turbinas a La Guajira para la construcción de centro sostenibles, si bien es una excelente noticia ya que contempla la instalación del primer Parque Eólico a gran escala para generar 20 MW con capacidad de suministrar energía a 33.000 hogares, de ninguna manera puede opacar la muerte de un ser humano y mucho menos tratándose de un miembro de las comunidades ancestrales del departamento.
No está demás señalar que la información alusiva a la llegada de las turbinas eólicas también fue reseñada con fotografía incluida del barco contenedor en la primera página del diario regional citado arriba; se describió igualmente en las páginas interiores del diario económico La Republica, en El Heraldo, en la Revista Semana e inclusive por noticias Caracol. En cambio, la referencia del fallecimiento del aborigen wayuu no trascendió la crónica roja.
El asunto trágico es congruente con indistintas irregularidades señaladas por varias fuentes investigativas en torno a la manera como las empresas presentes en el departamento, y dedicadas a la implementación, ejecución y montaje de los proyectos, asumen procesos de negociación con clanes propietarios de áreas en las que se están llevando a cabo proyectos de energías renovables no convencionales.
Lo anterior ha propiciado la desarticulación y fragmentación comunitaria, y la reactivación y/o promoción de conflictos inter claniles. Se tiende a negociar con aquellos que manifiestan disposición bajo condiciones propuestas por las empresas y descartan o rechazan hacerlo con quienes plantean condiciones de negociación menos onerosas. En ocasiones le dan prelación a oportunistas o personas con menor derecho o menos legitimidad para reclamar propiedad. Imperan ligereza y afán por obtener mayores rentabilidades incurriendo en flagrantes desconocimientos de usos, costumbre y normatividad Wayuu.
Son varias las tragedias suscitadas relacionadas con el asunto. O pasan desapercibidas o en el mejor de los casos asociadas a causas diferentes a las señaladas aquí. Las disputas territoriales se han acrecentado a raíz de la llegada de estas multinacionales a la región.
La situación puede transmutarse en una catástrofe humana de impredecibles consecuencias en la que todos perderán. Urge adoptar correctivos y respuestas apropiadas. Se impone retrotraerse en el tiempo y en el espacio, revisar cuestiones vinculadas a las Licencias previas, negociación, compensaciones, revisar clausulas y condiciones de participación de las comunidades propietarias del territorio. Evaluar y tener en cuenta el caso del proyecto eólico del Istmo de Tehuantepec en el estado de Oaxaca, México, con el que los proyectos eólicos de La Guajira tienen enormes afinidades geográficas, étnicas y culturales.
El gobierno resalta los aspectos vinculados al éxito financiero y empresarial del sector, prima el desvelo por los negocios como tales; las consecuencias ambientales, legales, culturales y sociales están subordinadas. Lo que debe constiruir una prioridad: participación y beneficios de las comunidades, esencialmente indígenas, pasan a segundo plano.
Lo cual se reafirma al leer o escuchar declaraciones de los funcionarios cada vez que quieren preponderar los avances de los proyectos eólicos. La normatividad expedida: leyes, decretos, resoluciones apuntan al favorecimiento y acondicionamiento de condiciones para atraer e incentivar la inversión en el área.