México tiene una creciente demanda de crudo pesado como el “Maya” de menor rendimiento para producir gasolina y diésel. Llenaría el vacío con la nueva planta Deer Park en Texas que pretende comprar. Pemex es una de las petroleras más endeudadas del mundo y su calificación crediticia la considera una empresa poco atractiva y débil financieramente.
López Obrador ha explicado que no aumentará la deuda del país, porque se financiará con recursos propios del Banco de Desarrollo Mexicano. Sin embargo, esta discusión es estrategia del momento electoral, y el atractivo para el pueblo es evitar incrementos en el precio de gasolina, con impacto directo en el electorado. De todas maneras, la refinería que se compraría tendría una utilización de más de 30 años. México tiene 8 refinerías para producir 1.3 millones de barriles/día para abastecer el total de la demanda mexicana. Para comparar, Colombia produce 750.000 barriles/día en dos refinerías.
México ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en materia de emisiones de dióxido de azufre, lo que obviamente choca con las advertencias de Greenpeace para futuras instalaciones de generación de energía. Los analistas consideran que se debe estudiar la conveniencia de asociaciones privadas y además bajar la carga fiscal.
Otro tema, interesante estudiar es la Comisión Federal de Electricidad que considera que el sistema eléctrico mexicano está en dificultades económicas porque la generación crece mucho menos que la economía, y ese déficit impedirá un mejor crecimiento.
La quiebra de la Comisión Federal de Electricidad durante este gobierno tiende a exagerarse, mucha gente dice que perdió más de US$1.000 millones por la cancelación del gasoducto, que después tuvo que abrir. Además excesivos aumentos de salarios, prestaciones y pensiones los llevaron a una quiebra por un pasivo laboral de más de US$200.000 millones. Es el costo de sustituir los productores independientes de energía con proveedores de la Comisión Federal de Electricidad, con alto impacto en los escenarios porque se tomó la decisión de dejar de comprar a privados por sus altos costos y una alta carga financiera para la Comisión Federal de Electricidad.
México ha quedado con un conjunto de plantas eléctricas viejas, contaminantes y caras, que deben ser renovadas por su antigüedad promedio de más de 30 años, que solo producen al 42% de su capacidad. Un programa de renovación y modernización implicaría una inversión de más de US$9.000 millones en nuevas centrales con modernas tecnología termoeléctricas, carboeléctricas con turbo gases. Hay que aumentar los actuales 18.000 MW instalados.
Estados Unidos ha mostrado preocupación porque México tiene la demanda paralizada por falta de una dinámica económica y de nuevos proyectos de energía pública.
Estados Unidos y Canadá presionan para que México cambié esa política energética que está concentrada en las empresas de Estado, y que a través del Tratado de Libre Comercio, con su socio norteamericano, pueda resolver impases legales y tener un crecimiento importante en su aparato productivo. Se requiere mayor participación de inversionistas privados.
La gran discusión gira alrededor de la aplicación de leyes laborales que le dan ventaja a México y por tanto deben dar solución a los problemas políticos con Estados Unidos, porque aunque el objetivo es noble, se requiere mejorar las relaciones bilaterales con Estados Unidos y a la vez amparar los derechos de los trabajadores. Se debe evitar que se abuse del sistema de presentar permanentes demandas.