El representante a la Cámara Eloy Chichí Quintero no ha dicho más de lo que dijo en forma claridosa: a la prensa hay que controlarla dentro de los límites de la razón y la ley. Inobjetable.
La reacción desmedida y caricaturizada de las redes sociales a lo afirmado por el congresista, la origina no solo una lectura equívoca del aserto, sino la vigente visión de que el periodismo sea el inútilmente denominado cuarto poder público.
No estoy de acuerdo con crear un nuevo tipo penal de injuria y calumnia solo para tener como sujeto pasivo o víctima a los servidores y exservidores públicos, porque en la riqueza descriptiva de los existentes tipos penales de injuria y calumnia están cobijados unos y otros, pero sí estoy de acuerdo con que se les eleven los extremos punitivos a todos los delitos contra la integridad moral, es decir, agravar los mínimos y máximos para controlar los desmanes de la prensa y de las cloacas de las redes sociales, como por ejemplo, titulares mediáticos mediante los que reafirman imputaciones deshonrosas y/o imputaciones falsas de delitos que incineran a quienes se dirigen. Inaceptable.
El parlamentario Quintero Romero invita a que los periodistas y la ciudadanía denuncien, informen y propalen los actos y comportamientos delictuosos de quien sea, o quien presuntamente los haya cometido, pero sin agregarles frases punzantes y ponzoñosas solo por el afán de impactar con una que llame la atención, especialmente el morbo del lector ávido de incineración moral.
El periodismo ha tomado partida en el control social como catalizador de la moral, calificando y descalificando con el vocablo corrupción, que tiene tantas aristas, porque ella es hasta intelectual. La corrupción y desvíos intelectualoides.
Además, muchos periodistas se han convertido en jueces y fiscales. Los primeros juzgan sin misericordia y los segundos se creen investigadores judiciales con pompas y platillos. Y sin un mínimo control, como sí lo tienen los servidores judiciales que están obligados a respetar los parámetros constitucionales y legales.
Para algunos periodistas, columnistas y caricaturistas, los vocablos presunción de inocencia, debido proceso, principio de legalidad, lealtad, buena fe, dignidad humana, son solo eso: palabras hueras. Y hasta se burlan con sonrisillas en la comisura de los labios. Las aluden siempre con sarcasmo, pero las reclaman con ardentía cuando están sometidos a investigaciones y procesos judiciales.
Solo si se aumentan las penas y no se conceden beneficios ni derechos como la detención preventiva residencial o la prisión domiciliaria a los injuriadores y calumniadores, se prevendrá que se continúe con la impunidad de quienes so pretexto de la libertad de prensa comentan toda suerte de desmanes, incurriendo en delitos de esa naturaleza.
La lección es muy básica: se deben denunciar todos los hechos y comportamientos que impliquen actos de corrupción, delitos y comportamientos desviados, pero en narrativa objetiva, cuidadosa, respetuosa, haciendo énfasis y vehemencia sin excesos ni frases altisonantes y cargadas de sesgos personales, ideológicos o profesionales.
Algunos periodistas consideran que el rigor de una investigación periodística es igual o parecido al de una investigación de un proceso judicial. En la investigación periodística hay enfoque unilateral, sin el ejercicio de contradicción y dialéctico de la actividad judicial, con la contención de la Constitución y la ley.
La información y la noticia son producto de la inmediatez de la sinrazón. Por su parte, el proceso judicial es metódico, objetivo e imparcial. Se adelanta con conocimiento y se valoran las pruebas con el empleo de los sistemas de evaluación probatoria que aconsejan la mesura, la ponderación y el ecuménico sistema de persuasión racional de la sana crítica.
¡Ni un paso atrás con las denuncias, pero con la fuerza de la razón objetiva y respetuosa! Es un ejemplo de mal titular el de ‘El cartel de la toga’, como lo sería ‘El cartel de la prensa corrupta’.