Durante el Congreso Nacional de Gerencia Jurídica Pública que por primera vez se realizó este viernes en Valledupar, el alcalde Ernesto Orozco y el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Jhon Jairo Camargo, hablaron sobre el convenio entre estas dos instituciones para fortalecer las capacidades de defensa del municipio.
“Con la Alcaldía de Valledupar suscribimos un convenio de colaboración donde nuestra primera apuesta es sistematizar todas las demandas que tenemos en contra y a favor de la Alcaldía. La idea es que cuando yo lo sistematice, pueda encontrar nichos de litigiosidad en los cuales nos debemos enfocar”, explicó Camargo.
En diálogo con EL PILÓN, Camargo Motta añadió que una vez completado el “mapa litigioso”, pueden tomar acciones concretas y dirigidas. “Yo creo que un buen gerente público únicamente toma buenas decisiones cuando tiene evidencia objetiva, soportada en datos reales”, puntualizó el funcionario.
MÁS DE 1.300 PROCESOS JUDICIALES TIENE EL MUNICIPIO
El alcalde Ernesto Orozco, anfitrión de este Congreso realizado con la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), aseveró que con esta alianza están “dando un vuelco a la defensa jurídica del municipio”.
De acuerdo con José María Campo, jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la capital cesarense, son más de 1.300 procesos judiciales los que tiene el municipio, por lo cual resulta aún más relevante la implementación de la gerencia jurídica pública en el territorio.
“Hoy tenemos más de 50 acciones populares, acciones de tutela, tenemos más de 1.300 procesos judiciales, entonces lo que queremos, a través de la implementación de una gerencia jurídica, es tener una Oficina jurídica moderna, que nos permita planificar y tener una gestión pública efectiva”, declaró Campo Castro.
PREVENCIÓN, MÁS QUE REACCIÓN
“Esto nos va a generar una certeza y una seguridad jurídica para atraer inversión y desarrollo, pero sobre todo para prevenir el riesgo legal, fortalecer nuestra defensa judicial y para no estar reaccionando, sino previendo lo que viene con una defensa jurídica técnica y profesional”, puntualizó el abogado.
Una de las acciones populares falladas en contra del municipio es aquella que exige la protección y conservación del río Guatapurí ante su evidente deterioro. Aunque el Gobierno del exalcalde Mello Castro apeló, el Tribunal Administrativo del Cesar dejó en firme la decisión que también debe ser acatada por la Gobernación del Cesar, la Empresa de Servicios Públicos de Acueducto y Alcantarillado y la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpocesar.
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MÁS CASOS
Otro caso tiene que ver con la orden de recuperación del espacio público en el sector de ‘El boliche’, hoy zona de talleres de mecánica. Por el incumplimiento parcial de esta acción, el Tribunal también sancionó a Castro González.
La administración además está en líos por las invasiones, la escombrera municipal, temas laborales, entre muchos otros casos que comprometen recursos públicos.
Así las cosas, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado promete apoyar con estrategias de defensa, prevención del daño, sistemas de información, programas de focalización para abogados, entre otras herramientas.
Por Andrea Guerra Peña / EL PILÓN.