Durante el primer año de gobierno del alcalde de Valledupar, Augusto Ramírez Uhía, llama la atención la desproporción existente entre la contratación directa y la realizada por convocatoria pública. Normativamente la llamada “contratación a dedo” es la excepción en el manual de contratación pública o ley 80 de 1993, para facilitar algunos procesos por los tiempos mínimos que tienen que cumplirse para suscripción.
Según la información publicada en el Sistema Electrónico de Contratación Pública, SECOP, el municipio realizó 715 procesos contractuales a través de esta forma de contratación, por valor de 57.969 millones de pesos, lo cual representa un 88,3 % de los contratos totales, hasta el 15 de diciembre de 2016.
Para los analistas, todo esto reviste una preocupación a los principios de transparencia, economía y de responsabilidad, pues se hicieron contratos desde 2.000 hasta 2.849 millones de pesos, sin tener en cuenta las cuantías para celebrar licitaciones públicas, invitaciones o convocatorias públicas.
Lo preocupante sobre la manera como se lleva la administración del municipio no tiene que ver solamente con la manera como se asignan los contratos, sino también la distribución del presupuesto que para la vigencia 2016 estuvo por valor de $541.938.892.000.
Según expertos, las necesidades básicas van por un lado, el plan de desarrollo va por otro y el presupuesto que orienta la inversión pública para mitigar las necesidades, tomó un rumbo totalmente diferente.
De esta manera se critican las razones por las cuales se presupuestó invertir más recursos en fortalecimiento institucional, 23.000 millones de pesos, mientras que en construcción de vías solo se invirtieron 6.800 millones y en construcción de viviendas 4.390 millones, así como en la promoción del desarrollo fueron 3.150 millones.
Al respecto, el analista especializado en gestión pública, Gabriel Campillo asegura que estos argumentos obligan a una observación minuciosa sobre el proceso de contratación pública en el municipio, cómo se ejecuta el presupuesto y si esta inversión atiende las asignaciones presupuestales en sus metas plurianuales; observar si esta se orienta a mitigar las necesidades básicas insatisfechas de los habitantes de Valledupar.
Campillo cuestiona contratos como el 040 que busca aunar esfuerzos para la implementación de procesos sociales orientados a la reconstrucción del tejido social y formación ciudadana para la paz y el posconflicto en el municipio por valor de 2.753 millones de pesos, y el convenio 018 que tiene como objetivo aunar esfuerzos para la ejecución del proyecto denominado implementación de procesos de convivencia y cultura ciudadana en Valledupar por 2.028 millones de pesos, pues considera que solo para el programa de Convivencia Ciudadana se contratan dos negocios jurídicos por casi 5.000 millones de pesos.
“Porque en Valledupar es el único territorio donde las leyes deben socializarse y sensibilizarse para que se cumplan.
Conductor que no lleve cinturón puesto debe sancionarse, conductor que pisa la cebra peatonal debe sancionarse, conductor que hable por celular debe sancionarse. Los que son conductores de vehículos saben que esto es norma”, recalcó el analista.
En inversión ambiental del municipio, según el presupuesto hubo 4.2 millones de pesos, pero se suscribe contrato con persona natural por valor de 112 millones con objeto de prestación de servicios profesionales como ingeniero ambiental y sanitario de apoyo y acompañamiento al proceso de conservación preservación del medio ambiente en Valledupar.
“En conclusión, la inversión pública con destino disminuir las necesidades básicas insatisfechas fue insignificantes. Es una administración poco transparente y la inversión pública realizada es ineficaz”, expresó el excoordinador del ‘Valledupar Cómo Vamos’, programa de evaluación y seguimiento de calidad de vida, cuyo propósito era contribuir al desarrollo de gobiernos efectivos.
EXPLICACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN
El secretario general de la Alcaldía de Valledupar, José Juan Lechuga, explicó que muy a pesar de ser una administración nueva, encontraron que sus procesos de contratación obedecen a la dinámica propia del gobierno. “Si nosotros contratamos quiere decir que la administración está en un constante dinamismo y así mismo está fluyendo”, expresó.
El funcionario dijo además que encontraron que en comparación al año inmediatamente anterior, con el rango de licitaciones públicas, alcanzaron un valor de casi 38 mil millones de pesos.
“Lo que demuestra que tuvimos mayor dinámica e intentamos licitar los mayores servicios o bienes que necesitábamos”, aseveró.
Esa cuantía es a fecha de 31 de diciembre con 11 procesos contractuales, puesto que al 15 del mismo mes sólo se habían reflejado cinco, por valor de $8.525.928.896 que representaban un 0,6% de la contratación.
Con respecto a la contratación directa, Lechuga aclara que esto se da cada año y que a corte de diciembre estuvieron cerca de los 57 mil millones de pesos, “estuvimos bien en comparación con la vigencia anterior que fueron alrededor de 84 mil millones, incluyendo dentro de esa contratación los 12 mil millones del PAE que impacta en la renta”.
Agregó que esta dinámica se debe a las diferentes campañas que se manejaron en la vigencia 2016, donde se debía contratar personal para cumplir con las metas expuestas en cada uno de los proyectos.
“Respecto a los demás procesos creo que estuvimos bien. Tuvimos un buen número de mínimas cuantías, lo que demuestra que esta administración no vino a sentarse sino a hacer gestión, lo cual se ve reflejado en las calles. Uno contrata por la necesidad de las cosas, aquí no se trata de pagar favores porque las personas cumplen con sus labores”, puntualizó el secretario general de la Alcaldía, como responsable de todos los procesos de contratación de la administración municipal.
¿Qué dicen los órganos de control?
Aunque este tipo de situaciones en la contratación pública no son nada nuevas en Valledupar, el contralor municipal, Álvaro Castilla Fragozo, dijo que la contraloría tiene una competencia de control fiscal a través de una revisión enmarcada dentro del plan general de auditorías, por lo que la vigencia 2016 se auditará en 2017, sobre todo el comportamiento contractual del municipio.
“En ese momento es cuando la Contraloría podría emitir un concepto sobre el manejo contractual y contable que se haya evidenciado en Valledupar”, dijo el funcionario.
CORTE 15 DE DICIEMBRE DE 2016
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
NUMERO
VALOR
participación
Concurso de Méritos Abierto
6
2.658.905.054
0,7%
Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)
715
57.969.333.214
88,3%
Contratación Mínima Cuantía
59
1.886.279.633
7,3%
Licitación Pública
5
8.525.928.896
0,6%
Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007)
8
1.526.131.072
1,0%
Subasta
17
3.779.313.842
2,1%
Total general
810
76.345.891.711
100,0%
Fuente: SECOP
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2016
SECTOR
Total (miles de pesos)
Agropecuario
0
Agua Potable y Saneamiento Básico (Sin Incluir Proyectos VIS)
16.342.298.000
Ambiental
4.200.000
Atención a Grupos Vulnerables – Promoción Social
13.898.354.000
Centros de Reclusión
368.000.000
Cultura
5.124.523.000
Deporte y Recreación
1.775.436.000
Desarrollo Comunitario
2.758.289.000
Educación
210.560.182.000
Equipamiento
10.042.191.000
Fortalecimiento Institucional
23.129.084.000
Justicia y Seguridad
5.421.799.000
Prevención y Atención De Desastres
1.050.136.000
Promoción del Desarrollo
3.149.904.000
Salud
218.724.911.000
Servicios Públicos Diferentes a Acueducto Alcantarillado y Aseo (Sin Incluir Proyectos de Vivienda de Interés Social)
18.346.901.000
Transporte (Vías)
6.851.904.000
Vivienda
4.390.780.000
Total General
541.938.892.000
Fuente: Consolidador de Hacienda FUT, Ministerio de Hacienda y Crédito Público
PUNTOS DE VISTA
José Luis Urón. Presidente de la Cámara de Comercio de Valledupar.
“Las contrataciones en Colombia obedecen a unos parámetros consignados en la Ley 80 y 1150, donde lo normal es que todo se haga por contratación pública a través de la licitación, para amparar el artículo 209 de la Constitución Nacional que habla de transparencia. Pero igualmente la ley permite que hasta ciertas cuantías pueda el alcalde o la autoridad que tiene la facultad contractual de hacerlo por contratación directa. Así que consideramos que quienes han utilizado este procedimiento que es excepcional, lo han hecho con el lleno de los requisitos amparados en el principio de legalidad y son los organismos de control los llamados a verificar si la contratación se hizo en debida forma.
Luis Miguel Santrich. Presidente del Concejo de Valledupar.
“Necesitamos revisar las cifras de la contratación en el 2016 para hacer un análisis de cómo se hizo la contratación, cuántos recursos, cuánto fue de forma directa para poder tener ese informe del porcentaje de cada proceso y referirnos al tema con precisión.
¿Sabía usted que…
Los procesos que pueden contratarse de manera directa sin ningún tipo de cuestionamiento legal para: atender urgencias manifiestas por siniestros naturales, contratación de créditos, contratos administrativos, bienes y servicios de defensa nacional, actividades científicas y tecnológicas, contratación de artistas, arredramientos, adquisición de inmuebles y prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión.
La característica básica de la contratación directa, no necesitar obtener varias ofertas para su suscripción. Por ello la Auditoria General de la Nación, quien realizó análisis nacional, determinó que el 47% de los procesos contractuales en el país se realizan mediante esta modalidad, mientras en Valledupar es el 88.3%.
De los 810 procesos contractuales realizados en Valledupar durante el 2016, 715 corresponden a contratación directa.
Andreina Bandera/ EL PILÓN
Andreina.bandera@elpilon.com.co