Celebramos el acto que se realizó el sábado anterior en Valledupar con la presencia de 21 alcaldes del Cesar que llegaron a la cita con el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, a hacer un compromiso Ético por la Transparencia como garantía de que harán una buena inversión de los recursos que recibirán provenientes del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales – Fonpet.
Suena bonito el nombre de compromiso ético por la transparencia, es una frase trillada, desgastada, especialmente en el sector público donde cada vez se conocen más casos de corrupción.
Sin embargo, en el caso de estos dineros que llegarán a 21 municipios cesarenses por más de 85 millones de pesos, se puede hacer un pare para exigir que sean bien invertidos, en las necesidades básicas insatisfechas de sus comunidades.
Estos recursos son un excedente del ahorro que desde el año 2000 vienen haciendo las entidades territoriales, es una plata que no estaba contemplada en los presupuestos, pero que ahora llega para invertirla en lo que verdad necesita la comunidad y no en lo que cree el mandatario que se debe hacer.
No en vano el ministro Cárdenas ha sido enfático en pedir a la comunidad que haga veeduría alrededor de estas inversiones y en llamar la atención de los alcaldes para que no caigan en manos de los tramitadores de recursos públicos, que los hay por montón. Para nadie es un secreto que existe un tráfico de proyectos entre los entes territoriales en las regiones y el nivel central, donde cada parte saca su tajada y al final lo que le llega a la comunidad es una obra hecha a medias.
Estos dineros, como lo dijo Cárdenas, son indispensables para el progreso y el bienestar de las comunidades. Por ejemplo, los cinco municipios que más recursos recibirán son San Martín (11.725 millones), El Paso (10.091 millones), Chiriguaná (9.165 millones), Astrea (6.813 millones) y Becerril (6.259 millones), precisamente donde ya se conocen las dificultades de sus habitantes y ya existen experiencias negativas de malas inversiones de recursos de regalías.
Los alcaldes de estos municipios especialmente, deben asumir de verdad ese compromiso ético al momento de decidir en qué invertirán la plata, ojalá lo hagan de manera participativa, una herramienta que aunque es constitucional, casi nunca la usan. Las comunidades tienen derecho a decidir su futuro y los mandatarios a cumplir el mandato de las personas que los eligieron.