La regla general para la contratación pública es la licitación, el concurso de méritos, la selección abreviada y excepcionalmente la contratación directa, pero esta última opción es la preferida por la mayoría de ordenadores de gastos, principalmente los alcaldes.
En Cesar todos los mandatarios municipales tienen indagaciones preliminares en la Fiscalía por irregularidades en manejo del gasto público, y en el caso de los exalcaldes ya hay condenados, acusados y otro tanto con investigaciones incipientes a cargo de las fiscalías once, quinta y doce de Valledupar, adscritas a la unidad de los delitos contra administración pública.
En el caso del fiscal doce seccional, William García Luque, tiene a su cargo investigaciones contra la mayoría de mandatarios cesarenses del periodo 2008-2011, y algunos de los actuales que habrían buscado enriquecerse o pagar favores a través de la contratación pública, fomentando la corrupción a través de las mal llamadas fundaciones sin ánimo de lucro.
“El tema que está muy de moda a nivel de alcaldías y gobernación, es la contratación directa con las famosas fundaciones privadas sin ánimo de lucro, para evadir el proceso de la licitación pública, que es la regla general; aquí se invirtieron las cosas, hicieron de la contratación directa la regla y la contratación vía licitación pública la excepción”, concluyó el fiscal.
El representante del ente acusador explicó que luego de que el Gobierno acabara con los nefastos auxilios parlamentarios con la Constitución de 1991, creó una forma especial de contratación contenida en el Artículo 355 destinada a apoyar actividades de interés general realizadas por los particulares a través de entidades sin ánimo de lucro. La reglamentación de estos contratos se le encomendó al Gobierno habiéndose expedido en el año de 1992 el famoso Decreto 777 que fue reformado por el Decreto 1403 de 1992 y por el 2459 de 1993, pero estas normas se convirtieron en la mejor ruta de los ordenadores del gasto público para evadir la licitación y otorgar contratos a dedo.
“La contratación directa es excluyente y también es disfrazada a través de los convenios de cooperación”, agregó.
Perlas de contratación
Los alcaldes del periodo 2008-2011 relacionados a continuación son investigados por la Fiscalía 12 seccional de Valledupar.
El contrato de Silvio Brito
El 26 de abril de 2011, el alcalde de El Copey, Pablo Ordoñez Simanca, suscribió un convenio de asociación por 22 millones de pesos con la Fundación de la Costa ‘Fudacosta’ para ejecutar en 60 días un programa de derechos humanos y derecho internacional humanitario en ese municipio.
A la Fiscalía le llamó poderosamente la atención que el representante legal de Fundacosta era el cantante de música vallenata Silvio Brito Medina, cuya fundación “no era idónea para ejecutar el contrato, porque en su amplio objeto social no se refiere directa o indirectamente a un tema tan serio, amplio y complejo como los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”.
Según el escrito de acusación con que la Fiscalía llevará a juicio al alcalde como presunto responsable del delito de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, no se respetó el principio de legalidad contractual y al celebrar el convenio actuó con desviación de poder teniendo en cuenta que aunque la cuantía es modesta la fundación no era idónea.
El próximo 18 de enero se realizará la audiencia de acusación contra Pablo Ordoñez Simanca ante el Juzgado Primero Penal del Circuito de Valledupar con funciones de conocimiento.
Los juicios de Luis Fabián
La Fiscalía 12 adelanta tres procesos contra Luis Fabián Fernández, alcalde de Valledupar (2009-2011); dos juicios por contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y otro por peculado por aplicación oficial diferente.
El exmandatario es cuestionado porque suscribió un contrato de 450 millones de pesos para fomentar la cultura y valores de pueblos indígenas con una fundación que antes era una fábrica de guantes, quedando en evidencia que esa entidad no tiene idoneidad ni capacidad para ejecutar el objeto del contrato.
“La ley general de participaciones dice que los recursos destinados a los pueblos indígenas son manejados por los municipios, son quienes contratan, siempre y cuando los pueblos indígenas sugieran sobre que contratar. Compra de tierras, educación y salud son los tres renglones que permite esa ley se contraten por parte de los alcaldes y la alcaldía lo que hace es contratar con particulares la ejecución de recursos y Luis Fabián celebró contrato con una fundación que no tiene idoneidad ni capacidad para ejecutar ese contrato”, indicó el fiscal del caso.
Entre los procesos de Fernández Maestre está el famoso empréstito de los 36 mil millones de pesos que inyectó a la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar, Emdupar, a través de un convenio interadministrativo para obras de acueducto y alcantarillado que no llegaron a feliz término. El Concejo de Valledupar le otorgó facultades para solicitar a la banca privada un empréstito de 36 mil millones de pesos con cargo al Sistema General de Participación, pero muchas de las obras de acueducto y alcantarillado no se terminaron.
Al exmandatario le cuestionan que no hubo planeación para la inversión de los recursos y al Concejo que no hizo control político. Por ahora, la Fiscalía solo investiga a Luis Fabián Fernández, aunque la Procuraduría lo absolvió disciplinariamente.
Concesión de alumbrado público
En el municipio de La Paz, el alcalde Gerardo Gutiérrez Arzuaga otorgó de forma irregular el contrato de concesión de alumbrado público a la firma AGM Desarrollo Limitada. El contrato por valor de 773 millones 737 mil pesos, con una duración de la concesión de 20 años, fue firmado el 5 de marzo de 2010, con Gabriel Elías Hilsaca Acosta, representante legal de AGM Desarrollo Limitada.
“Como alcalde debía declarar la licitación desierta, porque el proponente inicial fue Construcciones Hilsaca Limitada, y esa fue la propuesta que el comité evaluó, sin embargo fue AGM Desarrollos Limitada, a quien no solamente se le adjudicó la licitación, sino que suscribió el contrato”, así explicó el representante del ente acusador, la presunta irregularidad en que incurrió el exmandatario.
Cultivos sin cosecha
En El Paso, el alcalde Gunder Escobar Molina, investigado y condenado a tres años y seis meses de prisión por celebración de contrato sin requisitos legales, firmó convenio por más de 140 millones de pesos con la Fundación Ecológica de Colombia –Fundeco-, omitiendo la licitación pública y selección objetiva del contrato que tenía por objeto la siembra de árboles frutales y la adecuación de un jardín ornamental en esa población.
Caso de Palacio
En La Jagua de Ibirico, al alcalde Alfonso Palacio Niño el Tribunal Superior de Valledupar le revocó el fallo absolutorio proferido por el Juzgado Único Penal del Circuito de Chiriguaná (Cesar) contra el exalcalde, condenándolo a la pena de 80 meses de prisión por los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos.
El caso está relacionado con la urgencia manifiesta que decretó en el año 2008 el procesado, mediante Decreto 389 del 31 de mayo de 2008, cuando declaró en materia contractual una Urgencia Manifiesta, y realizó el contrato de obra número 051 con fecha del 5 de junio de 2008, suscrito entre la Alcaldía de La Jagua y la Corporación de Desarrollo Talento Siglo XXI, por un valor aproximado de 75 millones de pesos. Allí se advierten irregularidades por un sobreprecio en los elementos adquiridos dentro de ese contrato.
El pasado mes de abril la Fiscalía la capturó por otro caso, por el hallazgo que se hizo en el contrato de consultoría número 63 de enero de 2010, cuyo objeto era contratar el estudio de viabilidad técnica y financiera para construir una represa en la cuenca del arroyo San Antonio de La Jagua de Ibirico, por valor de 1.490 millones de pesos, pero al parecer, el proceso de selección se inició sin contar con el debido respaldo presupuestal, vulnerando el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
Icono de la corrupción
Becerril es considerado por las autoridades uno de los municipios con mayor corrupción en la zona minera del Cesar, la alcaldesa Yancy Bueno Contreras, es la más investigada por la Fiscalía por delitos contra la administración pública con procesos que fueron trasladados a Bogotá y otros que avanzan en la Fiscalía 12 seccional de Valledupar.
El caso más reciente tiene que ver con la Unión Temporal Villa Luz, a la cual le fue adjudicado un contrato de 3.180 millones de pesos para la construcción de 180 soluciones de vivienda de interés social tipo uno, en el proyecto denominado urbanización Villa Luz de Becerril. Las investigaciones arrojaron que el contrato fue asignado a ‘dedo’, sin licitación, sin pólizas de cumplimiento ni fiducia para las obras en las que fueron detectadas deficiencias valoradas en 1.991 millones de pesos.
Plata enterrada
En Chiriguaná, el alcalde Ramón Díaz Corzo, afronta juicio por contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado, caso relacionado con el contrato 031 del año 2006 y la adición en plazo y recursos al mismo, cuyo objeto era el cultivo de 150 hectáreas de cacao en zona rural del municipio por 1.554 millones 123 mil 347 pesos. Tiene proceso por el convenio de 860 millones de pesos celebrado con una asociación, cuyo objeto era la construcción de un proyecto productivo y parque ecológico Paraíso de la Sierra.
Costoso abogado
En Tamalameque, el alcalde Boris Pisciotti celebró contrato de prestación de servicios con el abogado Víctor Hugo Valencia para que defendiera al municipio en un proceso laboral y los honorarios del jurista fueron por 1.800 millones de pesos. El municipio está quebrado por varias embargos y no han podido pagarle, por lo que el abogado impuso proceso administrativo para embargar las arcas del municipio.
En Chimichagua es procesado Rigoberto Pérez Cano, alcalde (2008-2011), por casos que si bien no están relacionados con millonarios contratos si con irregularidades en contratación pública que afectaron de una forma u otra las arcas del municipio.
En Aguachica, el alcalde (2008-2011) Gustavo Maldonado Estupiñán, ha estado huyendo de la justicia por la investigación que adelanta la Fiscalía al contrato de obra pública Nº 033 el 30 de diciembre del 2009, con plazo de cinco meses para la construcción de pavimento en concreto rígido en el casco urbano del municipio, por valor de 2.181 millones de pesos.
Luego de las primeras pesquisas, los investigadores encontraron que “no hubo una selección objetiva del contratista; además, la firma habría incumplido el objeto contractual, y las etapas precontractual, contractual y postcontractual; de igual manera, se presentaron sobrecostos en la ejecución o construcción de las obras, que conllevaron a un detrimento patrimonial”.
“Aquí se invirtieron las cosas, hicieron de la contratación directa la regla y la contratación vía licitación pública la excepción”: fiscal doce de Valledupar.
Por Martín Elías Mendoza