Como es bien sabido, ya está en la recta final el trámite y aprobación por parte del Congreso de la República de la reforma al régimen de regalías, con miras a redistribuir los recursos del Sistema General de Regalías (SGR), oportunidad propicia para introducirle ajustes al funcionamiento y operación del mismo.
Considero que deben repensarse los procedimientos a seguir, pues el sistema de los órganos colegiados de administración y decisión ( OCAD) han sido un fiasco total. A la vista está, que allí se quedaron atorados en los meandros de dicho sistema más de $6 del bienio anterior (2017 – 2018) sin poderse ejecutar.
Esto no puede continuar, además debe de ser revisado todo el proceso desde la gestación misma de los proyectos que se financian con recursos provenientes del SGR hasta la ejecución de los mismos, pasando por su correcta priorización y estructuración, para lo cual se requiere desarrollar capacidades en las regiones.
Una de las razones que se invocaron para la reforma del 2011, por ejemplo, fue impedir la atomización de los recursos y se siguió dando. Así lo pudo establecer la Contraloría General de la República, según esta “los riesgos de dispersión de los recursos de regalías persisten. El valor promedio de los proyectos es bastante bajo, en el caso de los OCAD municipales $1.030 millones y en los OCAD departamentales $3.170 millones”.
Por lo tanto es menester que se establezcan unos parámetros muy exigentes y de obligatorio cumplimiento para que los recursos del SGR se inviertan en proyectos de mayor impacto en la competitividad regional.
Esta es la ocasión, además, para reivindicar la autonomía territorial consagrada en el artículo 287 de la Constitución Política, transgredida de manera flagrante por la norma que le permite al Gobierno Nacional tener poder de veto en las decisiones sobre la aprobación de los proyectos a los cuales se les asigne recursos del SGR, imponiendo su criterio. Así mismo, debe evitarse que, como lo permite la norma vigente, el Gobierno Nacional pueda tener la prerrogativa de entrar a competir por los recursos del SGR con sus propios proyectos frente a los que presenten las entidades territoriales.
También nos parece peligroso que haga carrera la propuesta planteada por la Ministra de Minas y Energía, en el sentido que ella espera que “del presupuesto de regalías de 2020 por lo menos el 10% o 15% se hiciera a través de este mecanismo de obras por regalías”, pues las empresas privadas estarían desplazando a los entes territoriales como ejecutores de sus propios recursos.
Ello, con base en lo establecido en la Ley del Presupuesto 2019 – 2020 del SGR. Y, algo muy importante, que no se debe dejar pasar, es lo que se establece en la ponencia, según el cual “el SGR tendrá un sistema presupuestal propio, de iniciativa del Gobierno Nacional”, lo cual viola abiertamente el principio constitucional de la autonomía territorial. Ello es inadmisible.