Hace dos años reconocimos el esfuerzo del municipio de La Paz, el de TGI (Empresa de Energía de Bogotá) y de los instrumentos creados por el proceso de paz, para llevar el progreso a las regiones afectadas por el conflicto. Publicamos entonces un editorial titulado ‘La Paz sí aprovecha la paz financiando su acueducto’.
No nos ahorramos en elogios hacia los pacíficos, liderados por la exalcaldesa Andrea Ovalle, por tramitar bajo el mecanismo de Obras por impuestos con la empresa de Energía de Bogotá, propiedad del Distrito, $8.000 millones para construir su acueducto y lograr la cobertura al 100 % de su cabecera. Esa plata complementaba los $3.000 millones que se habían conseguido con Findeter, para un total de $11.000 millones.
“Recursos que el municipio no se obliga a pagar, que destina Bogotá como contribuyente, en lugar de pagarlos como impuesto de renta a la Nación (que iban al Presupuesto General), a una obra representativa y he aquí la gestión de convencimiento proyecto en mano que le tomó más de un año a la mandataria.
La empresa, con su aporte, contratará la obra y su interventora, inicia el proceso en julio y se prevé que en octubre se vea el movimiento y se tome 10 meses. Así se sigue lo que ya abarca en 6 barrios el contrato en marcha de Findeter. La fuente es el río Chiriaimo y la actual planta de captación y tratamiento es suficiente para atender los requerimientos de una población que en los barrios cada dos días recibe el líquido. Escasez acentuada por redes viejas y filtrosas que desperdician el agua”.
El 2 de febrero, con ocasión del 5 aniversario del inicio de operaciones comerciales de la fábrica de cemento, apostábamos por el desarrollo industrial de ese municipio por varias razones, como ser una intersección vial importante, paso obligado desde Valledupar hacia la sierra del Perijá, base de materia prima para producir insumos vitales para la región, como cemento y cales; líneas de energía y de gas de gran volumen, entre La Guajira y el interior; la localización de la Universidad Nacional. La Paz se viene sobreponiendo a la cultura de venta de gasolina ilegal venezolana -que se desarrolló en sus calles y barrios por la mencionada localización vial-, y tiene el potencial para encaminarse a un promisorio desarrollo.
Hoy nos preocupamos porque las obras del acueducto que exaltábamos parecen no servir y se escuchan voces divergentes sobre las razones de su deficiencia. El alcalde Martín Zuleta, que se ha puesto al frente con gran valor y trabajo, para hallar una solución busca opiniones técnicas expertas y respuestas de los contratistas y se inquieta también con buen tino por la fuente hídrica de la serranía para preservar los bosques y reforestar la serranía.
Que TGI responda, el contratista Ingeaguas, y que se establezcan las fallas del diseño entregado, para que la generosa destinación de las empresas contribuyentes no se desestimule, afectando la reputación del importante instrumento de hacer obras en lugar de mandar el dinero a la tesorería de la nación. Al final: adoptar pronto los correctivos e inversiones necesarias para cristalizar semejante esfuerzo.