La crisis financiera de Afinia, y de las demás empresas prestadoras del servicio de suministro de energía eléctrica, ha puesto sobre el tapete una discusión que echa ‘chispas’ entre el gobierno de Gustavo Petro y varios sectores del país.
En la región Caribe estamos ante un oscuro panorama energético, donde el suministro de energía eléctrica dejó de ser rentable para las empresas prestadoras de ese servicio. Afinia y Air-e están al borde del abismo, la primera pidió al Gobierno nacional que asuma la operación, mientras que la segunda tuvo que ser intervenida por parte de la Superservicios, entidad que en un inicio la asumió con fines de administración, pero que ahora acaba de emitir una resolución estableciendo que se pasa a fines de liquidación.
Uno de los encargados de encender la chispa fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien culpó al gobierno nacional de la crítica situación energética por no pagar a tiempo la deuda dejada por el mecanismo de opción tarifaria, advirtiendo además que estamos ante el riesgo de un apagón nacional. No le falta razón, pues el gobierno prometió asumir, lo que en la pandemia dejaron de cobrar las empresas de servicios – recibiendo menores ingresos- para después cobrarlas a los usuarios. Ese costo no lo asumieron los generadores ni los transmisores de la energía sino los distribuidoras como Afinia y Air-e. Es increíble que empresas a las que se les dio todo hace más de 5 años, en un serio proceso de los gobiernos Santos y Duque, para que se interesaran en asumir el servicio y hacer las inversiones rezagadas – asumiendo la Nación las viejas deudas de Electricaribe y dándole condiciones tarifarias- se deterioraran tanto. Buen análisis que deberían hacer los órganos de control y nuestras universidades, de sus fallas coyunturales y estructurales.
“Lo que pasó en Puerto Carreño es solo la punta del iceberg. Si el Gobierno no realiza los pagos que le corresponden, situaciones similares podrían replicarse en todo el país”, dijo en BLU Radio el alcalde de Medellín. Se refirió a la deuda multimillonaria de $4.4 billones que el Gobierno nacional mantiene con Empresas Públicas de Medellín, EPM, incluida su filial Afinia.
“Al alcalde se le olvida que la opción tarifaria la creo el expresidente Duque, como una deuda de los usuarios a las empresas de energía. La Nación no es titular de esa deuda”, ripostó al respecto el presidente Petro. Pero la verdad: para aligerar el bolsillo de los usuarios frente a las altas tarifas y el cobro adicional, el gobierno prometió asumir esos valores. Ahora lo achaca a que el Congreso no le aprobó la ley de Financiamiento.
Pero la cosa no termina ahí pues en Colombia el gobierno asume en gran parte el valor del subsidio para los bajos estratos 1,2 y 3 en los recibos de energía, y debe cubrirlo a las empresas, pero no ha hecho los desembolsos por sus aprietos de caja en los últimos meses. De modo que las empresas tienen un liquidez pobrísima y en ocasiones se ven a gatas para poder comprar la energía a las generadoras.
En medio de todo esto Afinia ya no quiere saber nada de nuestro departamento, pues son las pérdidas más altas y los recaudos más bajos de los departamentos costeños que sirve (Cesar, Bolívar, Córdoba y Sucre). La Gobernación del Cesar -con audacia que valoramos- ha propuesto la creación de una empresa pública para el suministro de energía eléctrica, pero sobre la base de generar la propia energía, de parques solares, lo cual implica casi medio billón de inversión que no los hay (aunque la gobernación dice que una fuente sería reorientar el subsidio de la nación y los aportes solidarios de los estratos 5 y 6, pero como hemos dicho, ese cash no lo hay). Además de que esas instalaciones, aún con plata, no se diseñan ni instalan de la noche a la mañana; cuando lo que se requiere son soluciones de muy corto plazo, que, como en el sistema de salud, demanda flujo de caja. ¡Bastante dinero y ya!