El Tribunal Administrativo de Santander admitió la acción popular presentada por la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, en conjunto con los integrantes de la Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas, en contra de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, las empresas Conocophillips y Cne Oil & Gas, la Alcaldía de San Martín y la Corporación Regional del Cesar, con el fin de que se protejan los derechos colectivos vulnerados por el contrato adicional de exploración y producción en yacimientos no convencionales de hidrocarburos, suscrito el 2 de diciembre de 2015.
La magistrada Solange Blanco Villamizar dispuso además vincular a la misma a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), a los municipios de Aguachica (Cesar) y Rionegro (Santander).
Con esta acción se pretende la suspensión inmediata de toda obra o actividad de explotación de petróleo mediante la técnica del fracking en yacimientos no convencionales que se pretenda realizar en el Pozo Picoplata 1, en el municipio de San Martín, pero además, abrir una puerta judicial que conlleve a la prohibición nacional de explotación de petróleo mediante esta técnica.
Los líderes sociales que han defendido el ‘No al fracking’ aseguran que la admisión de la demanda es el primer pronunciamiento que se da dentro del trámite de la acción y marca el inicio de un litigio en defensa derechos ambientales, pero también de garantías de seguridad para la comunidad que se manifiesta y protesta en contra de aquellos proyectos que afectan “de manera grave la vida y la subsistencia en condiciones dignas y de manera sostenible, sin que eso signifique un riesgo o amenaza contra su integridad personal y su vida”.
Andreina Bandera / EL PILÓN
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