La puja jurídica alrededor del predio Sabana 1 de Valledupar, donde se encuentran las invasiones Los Guasimales, Altos de Pimienta, Brisas de la Popa y Bello Horizonte 2, parece tomar un nuevo rumbo. La administración municipal solicitó la modulación de la Sentencia T-946 de la Corte Constitucional que ordena el desalojo de las cuatro invasiones, para con ello proceder a una compra del predio.
En ese sentido, la Corte le envió el pasado dos de diciembre al juez Quinto Civil del Circuito de Valledupar, Roger Carrillo, la sentencia mencionada anteriormente para que realizara una diligencia jurídica en el predio y evaluara las condiciones de estos asentamientos, los límites del terreno, entre otras aristas, a fin de que determinara si es posible la modulación del fallo.
Dicha diligencia se llevó a cabo el pasado viernes 13 de diciembre con un extenso recorrido por las cuatro invasiones. En este se recogió material fotográfico, registros del número de habitantes, las condiciones de cada asentamiento y se verificaron los límites del terreno.
Conocedores del caso aseguraron al diario EL PILÓN que, de darse la modulación de la sentencia, los derechos de la familia Pimienta como propietarios del predio no serán “vulnerados” porque el terreno pasaría a un proceso de compra en el que los apoderados recibirán un recurso por el predio.
La compra
El pasado jueves 12 de diciembre, el alcalde municipal, Ernesto Orozco, el coronel Alex Durán de la Policía Metropolitana de Valledupar, funcionarios de la Secretaría de Gobierno y otras entidades, se reunieron de manera virtual con los apoderados del predio Sabana 1, los cuales son la familia Pimienta.
Así lo dio a conocer el secretario de Gobierno Municipal, Jorge Pérez, quien manifestó que en la audiencia se le dio el uso de la palabra a los apoderados y se llegaron a una serie de acuerdos porque lo que se busca es una solución definitiva en “cuanto a la legalización del predio”.
“Se solicitó ante el juez de tutela una modulación del fallo para que se involucren más entidades y se pueda lograr la compra del predio porque el 75 % de las personas que habitan en el terreno son de especial protección constitucional, y vulnerables a las que se les deben garantizar sus derechos”, manifestó Pérez.
Acotando así que la administración municipal está en toda la disposición de hacer las diligencias pertinentes que permitan subsanar la problemática de las cuatro invasiones, y con ello proceder a las respectivas inversiones infraestructurales, en servicios básicos y domiciliarios y demás proyectos que necesiten la comunidad para mejorar sus condiciones de vida.
Por Namieh Baute Barrios