Cedo mi espacio y transcribo una declaración que suscribí y que creo, le hace bien a la nación.
“La polarización política es, además del COVD 19, otra pandemia del siglo XXI”.
Una cosa es la competencia electoral entre líderes, partidos y movimientos políticos provistos de distintas visiones sobre el país -lo que es propio de una democracia pluralista- y otra muy distinta es la gestación de un clima de polarización extrema con graves riesgos de una ruptura nacional.
En América Latina estamos ya viviendo procesos de ruptura nacional catastróficos. Venezuela y Nicaragua son dos ejemplos extremos, pero riesgos similares se pueden estar gestando en países como México, Honduras, El Salvador, Perú, Argentina, Brasil y Chile.
Estos procesos de polarización política terminan afectando la estabilidad institucional y económica, agravando el desempleo, los índices de pobreza, el acceso a los servicios públicos y la desigualdad económica.
Es decir, se trata de una situación a todas luces inconveniente.
En Colombia estamos viviendo día a día un clima malsano de intolerancia, discursos de odio, que pueden conducir al país a un nuevo clima de violencia generalizada como tantas que hemos vivido en las últimas décadas.
Por ello, es indispensable que los candidatos presidenciales, así como ciudadanos de todas las latitudes, lleguemos a unos “acuerdos sobre lo fundamental”, es decir, unos compromisos básicos para quebrar el temor de una ruptura nacional y que, gane quien gane la presidencia envíe un mensaje de tranquilidad a todos los ciudadanos, tanto a quienes votaron a su favor, como a los que votaron por un candidato diferente.
Para tal efecto, los candidatos presidenciales se deben comprometer a:
- Aceptar los resultados electorales.
- No prolongar su mandato más allá de los cuatro años previstos en la Constitución.
- Respetar y reforzar el carácter profesional de las Fuerzas Armadas como una institución al servicio de la nación entera y no como herramienta de un partido en el poder.
- Garantizar la autonomía de los organismos de control del Estado: Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo, así como la Junta Directiva del Banco de la República y de la Registraduría Nacional del Estado Civil, cuyas actuaciones deben ser intachables.
- Impulsar el Estado Social de Derecho mediante medidas tendientes a superar la actual fractura social. Es decir, impulsar la disminución de los niveles de pobreza, la inequidad de género y raza, la desigualdad de los ingresos y el acceso de toda la población a los servicios básicos de salud, vivienda, alimentación, educación y transporte, lo cual exige aprobar una reforma tributaria progresiva.
- El logro de la paz y el respeto de los derechos humanos deben continuar siendo dos de los principales empeños del país.
- Desarrollar una política exterior fundada en la universalidad de las relaciones internacionales y una definitiva profesionalización de la carrera diplomática.
- Llevar a cabo una planificación de largo plazo de la transición socio-ecológica del país.”