Los registros de la Unidad de Víctimas señalan que hay 12 crímenes prevalentes en las denuncias: desplazamiento forzado, homicidio, mutilaciones por minas, secuestro, tortura, reclutamiento de menores, despojo de tierras, agresión sexual, amenazas y atentados, desaparición forzada y robo de bienes. En el último año, casi un millón de personas se registraron ante la Unidad de Víctimas como afectadas por hechos relacionados con la guerra desde 1985.
Negociadores del gobierno manifiestan que el punto sobre las víctimas fue el más complejo de acordar, razón por la cual en el Acuerdo Final de Paz disponible para todos, quedaron establecidos compromisos sobre resarcimiento, incluidos en los subpuntos de Derechos Humanos de las Victimas y Verdad, como elementos constitutivos de reivindicación de derechos a más de ocho millones de colombianos.
En cumplimiento del compromiso de poner a las víctimas en el centro del Acuerdo, será creado el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, el cual estará integrado por diferentes mecanismos judiciales y extrajudiciales que actuarán de manera coordinada en aras de lograr la mayor satisfacción posible de los derechos de las víctimas, con base en la rendición de cuentas de lo ocurrido, garantizar la seguridad jurídica de quienes participen en él, y contribuir a alcanzar la convivencia, la reconciliación, la no repetición, y la transición del conflicto armado a la paz.
El Sistema concibe la creación de la comisión temporal de carácter extrajudicial para el esclarecimiento de la verdad. Debe quedar claro que este órgano no es un administrador de justicia, ni sustituye al sistema judicial del país. La Unidad de alto nivel para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, coordinará la implementación de acciones humanitarias para identificar personas desaparecidas, en caso de fallecimiento deberán ser localizadas para la entrega dignas de sus restos. Del mismo modo, el sistema desarrollará medidas concretas para asegurar la reparación integral a las victimas incluyendo los derechos a la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y la no repetición; y la reparación colectiva de los territorios.
Del sistema también hace parte la Jurisdicción Especial de Paz, que tiene referencia en otros procesos similares al acordado entre la Farc y el Gobierno Colombiano, naturalmente amparado en el derecho internacional de los derechos humanos que considera a la paz como un derecho y al Estado como obligado a alcanzarla, debido a la connotación de negociación entre enemigos. Este capítulo generó discrepancias entre el vicepresidente German Vargas Lleras y el expresidente César Gaviria, director de la campaña del ‘Sí’ en el plebiscito. La diferencia entre los funcionarios es congruente desde el punto de vista de los intereses políticos y la conquista del poder, porque la resolución de las polémicas está definida en la Justicia Transicional y el Tribunal Especial.
¿Cuánto costará el posacuerdo? Es una pregunta importante. Estudios del Departamento Nacional de Planeación, determinan que cuando se termina un conflicto, los gobiernos aumentan los gastos hasta en un cuatro por ciento del producto interno bruto (PIB). Aunque oficialmente el Ejecutivo no ha señalado cuanto valdrán las inversiones, diversos analistas se han lanzado con cifras que van desde 90 billones de pesos en diez años hasta 190 billones en 15 años, dependiendo de qué tan ambiciosos sean los programas.
El gasto público que afrontará el país será representativo, seguramente impositivo, esperemos equitativo, no obstante, admisible, básicamente por las cifras que reporta el Banco Mundial en materia de gasto militar: Colombia es el país de Latinoamérica de mayor gasto militar en proporción al Producto Interno Bruto. Para 2016 el gasto asciende a $29,1 billones para el rubro de Defensa y Policía, lo que equivale a 3,5% del PIB nacional.