El Tribunal Administrativo del Cesar admitió una acción popular interpuesta por el abogado Álvaro Castilla en contra de la Gobernación del Cesar y las alcaldías de Valledupar y El Paso. En la demanda, el abogado pide al Tribunal ordenar a las autoridades a poner en funcionamiento el Acueducto Regional de los corregimientos de Caracolí, Los Venados, El Perro y Guaimaral, del municipio de Valledupar, y el corregimiento El Vallito, de El Paso.
Esta obra contratada por la Gobernación del Cesar por más de $8.871 millones inició en octubre de 2013 y la promesa era que en 8 meses debía entrar en funcionamiento para solucionar el problema de agua en estos territorios.
Sin embargo, explicó el abogado Castilla, por la falta de planificación, el contrato sufrió interrupciones. Incluso, señaló que aunque las obras no se desarrollaron conforme a las actividades planificadas, “el contrato fue liquidado y la obra entregada y recibida por el contratante (Departamento del Cesar)”.
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A pesar de que no se cumplieron las obras, sí hubo adiciones y el acueducto terminó costando más de $13.000 millones, un 40% del valor inicial. El abogado sustentó su demanda en el hecho de que nunca se prestó el servicio de acueducto de forma adecuada a pesar de la inversión y que la obra fue recibida.
“Se podría decir que desde el momento mismo de su inauguración el Acueducto Regional del Sur, como se le denominó a la obra, no presta un servicio eficiente, ni oportuno ni mucho menos continuo a los habitantes de cinco localidades corregimentales del sur del Municipio de Valledupar, viéndose en la penosa necesidad de acudir a métodos rudimentarios para recoger el líquido, como por ejemplo el almacenamiento de aguas lluvias”, señaló en su demanda.
A eso se suma que el agua que distribuye el acueducto no es apta para el consumo humano porque no recibe ningún tratamiento químico.
¿Y Los Venados?
Para el accionante no existe razón técnica para la exclusión del corregimiento Los Venados, jurisdicción de Valledupar, el cual no se conectó a la red madre del acueducto regional del sur.
“En ciernes, al corregimiento de Los Venados sin la más mínima explicación técnica se le excluyó de la conexión a la nueva red de tubería madre instalada, o sea, que se le sigue aprovisionando del preciado líquido conectada a una tubería que data de más de 30 años, la cual como es apenas natural y lógico debido precisamente al transcurrir del tiempo padece un patente estado de desgaste y degradación”, señaló el demandante.
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Por eso, a través de la demanda, el abogado Álvaro Castilla pidió al juez que se ordene a las administraciones públicas operar el acueducto regional.
En segundo lugar pidió que se proteja “la no vulneración de los derechos e intereses colectivos de las comunidades de los 5 corregimientos de acceder a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna a través de la ejecución, manteamiento o complementación de obras en caso necesario”.
Por Redacción EL PILÓN