La alta inseguridad en las principales ciudades del país es uno de los principales problemas de los cuales se queja ciudadano común y corriente, inclusive por encima del desempleo y la carestía, entre otros temas.
El país le reconoce al gobierno de Álvaro Uribe Vélez, sus avances en materia de seguridad; principalmente los gremios económicos y en particular los empresarios del agro, que gracias a esa mayor seguridad pudieron volver a sus predios y estos recuperaron buena parte de su valor.
Pero, desde la misma administración Uribe, ese mejoramiento en la seguridad rural parece que se hubiera logrado en desmedro de la inseguridad urbana. De allí la trascendencia que tiene el tema y la importancia que el gobierno esté hablando de relanzar la política de seguridad democrática y darle, en este mismo sentido, una mayor prelación al tema de la seguridad urbana, en una reunión con un grupo de gobernadores y los alcaldes de las principales ciudades del país.
Según lo han explicado, de manera individual, a distintos medios de comunicación, los Ministros de Defensa, Rodrigo Rivera Salazar, y del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, se busca intensificar la lucha contra la criminalidad por medio de una mayor coordinación entre el Ejército y la Policía Nacional, como también entre el gobierno nacional y los mandatarios seccionales.
Tiene mucha validez la idea de lograr, en la práctica, una mayor coordinación entre el Ejército Nacional y la Policía, por cuanto existe la hipótesis, muy afianzada por ciento, que estas dos entidades trabajan de manera separada por celos institucionales, a pesar de que las características de los problemas de seguridad en Colombia requieren una solución mancomunada; hablamos de narcotráfico, guerrilla, paramilitarismo y delincuencia común, en una mezcla explosiva como se está presentando en ciudades como Medellín, por ejemplo.
En nuestra opinión, el Ministro de Defensa debería volver a revivir el proyecto de contar con una sola central de inteligencia que trabaje para todas las entidades del Estado, como se planteó al principio del gobierno de Uribe Vélez.
Igualmente, es acertada la decisión de escuchar a los alcaldes y gobernadores, responsables, en buena parte, del orden público en sus respectivos entes territoriales. Los mandatarios locales tienen de primera mano la experiencia de lo que está pasando, que es como una especie de rompecabezas.
El gobierno está pensando en un aumento del pie de fuerza de la Policía Nacional, según se ha conocido; pero también en nuevas estrategias en materia de inteligencia, que son, junto a otros recursos, los insumos indispensables para luchar contra la creciente criminalidad.
No obstante lo anterior, se requiere, también, en nuestra opinión, una revisión del tema de las penas y de los procesos judiciales. No hay derecho a que, muchas veces, la Policía capture a un delincuente y este a los pocos días, y a veces al rato, está de nuevo en las calles haciendo lo mismo porque la conducta es excarcelable, entre otros factores. Se requiere, como lo ha pedido el Ministro Vargas Lleras que la rama judicial acompañe al gobierno y a la Fiscalía en la lucha contra la creciente ola criminalidad.
Finalmente, en esta nueva estrategia que el gobierno prepara, hay que darle una gran importancia a la colaboración de la ciudadanía, no a través de la compra de información que –hasta cierto punto – ha sido efectiva, sino a través de otros estímulos que le den mayor confianza a la gente en las fuerzas del orden, en particular en la Policía Nacional. Buscar la forma de proyectar a mediano plazo esa colaboración.
El gobierno presentará esta política en las próximas semanas, habrá que esperar para conocer más detalles de la misma, para analizarla y – lo más importante- confiar en que sea más efectiva que las anteriores; por cuanto no es la primera vez que en el país se lanza con bombos y platillos estrategias para mejorar la seguridad en las calles de nuestras ciudades, y el problema sigue sin resolver.