Por: Nuris Esther Pardo Conrado
Existe una intima relación entre los derechos fundamentales y los servicios públicos, precisamente por que el Estado Social de Derecho y sus fines inspiran una mayor protección a los derechos humanos, y ello simplemente por que su esencia y razón de existencia es la dignidad humana, motivo más que suficiente para propender por el desarrollo social en la búsqueda de mejores condiciones de vida para sus asociados. Y es que ese estado social de derecho hace relación a la forma de organización política que tiene entre sus objetivos combatir las penurias sociales y económicas, así mismo, prestarle asistencia y protección. De lo anterior se desprende que al promover el bienestar general, dentro de esas prioridades deben estar los servicios públicos domiciliarios, los cuales deben ser eficientes, continuos, oportunos para que alcancen de verdad esos propósitos.
El constituyente al acoger esa forma de organización político-social elevó a deber constitucional del Estado suministrar prestaciones a la colectividad, ya que su naturaleza social y democrática considera a cada ciudadano un fin en si mismo, en razón a su dignidad humana y su derecho a la realización personal, dentro de un proyecto comunitario que propugna por la igualdad real de todos los miembros de la sociedad; por lo tanto, las administraciones están sujetas a un concepto evolutivo de mayores prestaciones y mejores servicios al público, según las cambiantes necesidades y la complejidad de un mundo moderno.
La corrupción, el fraude y el poder dominante de las empresas hacen que el ciudadano perciba la presencia del Estado como una carga insoportable, lo que minimiza los esfuerzos que éste pueda hacer para mejorar las condiciones de vida de sus asociados, por que lo negativo tiene la virtud de desdibujar lo positivo aún cuando esto último sea de mayor magnitud que lo primero. Por ello, los servicios públicos deben mantener un nivel de eficiencia aceptable para dar respuesta a las necesidades sociales, sin perjuicio de la solidaridad social; no olvidemos, que estos servicios optimizan o desmejoran la vida del ciudadano.
Los servicios públicos como instancia y técnica de legitimación no son fruto de la decisión discrecional del poder público sino aplicación concreta del principio fundamental de la solidaridad social (C.P Arts. 1 y 2). A través de la noción de servicio público el Estado tiene la función principal para alcanzar la justicia social y promover condiciones de igualdad real y efectiva. Una de las causas que fundamentaron la rebeldía de los franceses en la centuria de 1700 fue el olvido de los monarcas a darle un buen servicio de los que hoy llamamos domiciliarios a sus asociados.
Su prestación comporta una transferencia de bienes económicos y sociales con base en el principio de justicia redistributiva, que mediante el pago discriminado de los servicios públicos, según estratos y en función de la capacidad económica del usuario, permite un cubrimiento a sectores marginados que, en otras circunstancias, no tendría acceso al beneficio del desarrollo económico. De esta forma se garantizan las condiciones materiales para el libre desarrollo de la personalidad (CP. Art. 16) y para la consecución de una igualdad real y efectiva (CP. Art. 13) de toda la población.
Pero, a pesar de encontrarse el Estado dotado de variados medios de intervención en el campo de los servicios públicos domiciliarios, los mismos parecieran insuficientes para cumplir a cabalidad con sus fines, pues los controles a las empresas prestadoras son pocos o quizás ninguno, cada día son violados flagrantemente los derechos de los usuarios sin que alguien ponga freno a ello, por igual los servicios no son oportunos, no existe cobertura total, no hay continuidad en su prestación, y la eficiencia queda en letra muerta.
Los cesarenses necesitamos urgentemente que las autoridades competentes impriman un sello de responsabilidad y decisión política en la búsqueda del mejoramiento efectivo de la calidad de vida de los Cesarenses, en lo referente a servicios públicos domiciliarios, tan importantes para el desarrollo de una sociedad, como afianzar la institucionalidad y el crecimiento humano en general, si esto lo logramos con la voluntad de nuestras autoridades, lograríamos decir a boca llena y sin ningún pesimismo que tendremos un gobierno al alcance de todos fortalecido por la seguridad.
Esperaremos con paciencia jobiana que esto sea una realidad y no un idealismo o mera esperanza.
nurispaco@hotmail.com