Con diversos actos académicos, culturales, y políticos, el país ha iniciado la celebración de los primeros veinte años de la Constitución de 1991, la norma de normas, como se dice en el argot jurídico, o el nuevo contrato social que cambió – de manera sustancial- las instituciones políticas y la estructura del estado colombiano.
Antes de hacer algunas reflexiones sobre la Constitución que hoy nos rige, el contexto en que surgió y otros aspectos políticos y jurídicos de la misma, consideramos necesario, así suene arcaico y pasado de moda, hacer algunos comentarios sobre la Constitución de 1886.
La Constitución de 1886, como lo pueden testificar muchos abogados y politólogos e historiadores, sirvió para gobernar al país durante más de un siglo, en medio de la violencia política que ha caracterizado a la sociedad colombiana y con acuerdos tan originales como el del Frente Nacional, concebido para tratar de frenar ese fenómeno endémico.
En efecto, la Constitución de 1886 fue un instrumento jurídico adecuado y funcional al país político, y pudo surtir algunas reformas que lo adecuaron a los cambios sociales, políticos y económicos que sufrió Colombia. A pesar de que la moda, ahora, entre expertos y comentaristas de prensa, sea hablar sólo sobre las bondades de la Constitución de 1991.
Por supuesto, hay que reconocer muchos de los avances en las novedades que representó para la institucionalidad y la sociedad colombiana, la Constitución de 1991. En primer lugar, surgió luego de un proceso de apertura política que buscaba la reinserción a la vida civil de varios movimientos subversivos, como es el caso del M-19, el EPL, el Quintín Lame, entre otros. Luego la Constitución que nos rige surge en un ambiente de paz y reconciliación, a pesar de que se quedaron por fuera las FARC, la principal organización subversiva y terrorista que hoy tiene el país.
En segundo lugar, la actual Constitución representó un avance sustancial en la construcción de un Estado Social de Derechos, en el reconocimiento de la necesidad del respeto a los derechos humanos y a los derechos del individuo a una serie de derechos sociales y económicos, que no eran explícitos en la Constitución de 1886, a pesar de la progresista reforma de 1936.
En tercer lugar, otro avance fundamental fue en las acciones constitucionales, como la acción popular y la tutela, que es la más conocida de todas. Se puede decir que la Constitución de 1991 logró acercar más el ciudadano al Estado y particularmente facilitó el acceso de la gente a la justicia, con el fin de buscar la protección expedida de sus derechos.
La creación de la Fiscalía General de la Nación, la Corte Constitucional, la Comisión Nacional de Televisión, entre otras, fueron figuras establecidas a partir de la Constitución de 1991, cuyos primeros veinte años el país conmemora por estos días.
En próximas notas editoriales nos referiremos a otros aspectos de la Constitución de 1991 y sus efectos políticos y jurídicos en la vida del país.