Preocupante la última encuesta Invamer, no es para menos, ya que entre los múltiples tópicos sondeados poquitos resultaron favorables; en realidad, nada esperanzadores para alcanzar a tener un mejor país, ni siquiera a largo plazo.
Es importante manifestar sin ambages que dicha encuesta es fiel reflejo de la carencia de personas con suficiente liderazgo para gobernar un país con régimen presidencial, en el cual al presidente le recae el protagonismo de ser jefe de Estado y jefe de gobierno. Empero, la verdad monda y lironda es que en nuestro país dicho sistema gubernamental nunca ha sido justo, y mucho menos desde 1958 cuando los líderes de entonces, de los partidos Conservador y Liberal pactaron la alternancia del Gobierno nacional hasta 1974, ampliado a 1978 dizque para remediar la injusticia y el envilecimiento primigenio; desafortunadamente, el remedio resultó peor que la enfermedad, porque además de la repartición equilibrada (entonces llamada milimétrica) de las cuotas burocráticas, también se repartían sus erarios.
Tal contubernio extendió y fortaleció la corrupción a todas las esferas de la sociedad colombiana, lo que prácticamente erradicó la credibilidad, no solo del poder ejecutivo, sino de la rama legislativa y de la judicial. Mejor dicho: el pacto político denominado Frente Nacional, para sacar del poder a la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla, engendró la insurgencia guerrillera con ideología marxista con la intención de tomarse el poder a sangre y fuego, financiados inicialmente con donaciones internas y externas, siguieron con secuestros extorsivos de gente pudiente, después las ‘pescas milagrosas’.
El acoso inclemente de la guerrilla generó el paramilitarismo que comenzó con las Convivir, empresas de seguridad privada que legalmente portaban armas y equipos de comunicación de uso exclusivo de las fuerzas militares, después se trasformaron en Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y finalmente en paramilitares.
Tanto la guerrilla como el paramilitarismo terminaron financiándose con el narcotráfico. Las disidencias que han quedado por el debilitamiento que les causa los ataques de la fuerza pública y las desmovilizaciones por acuerdos con diferentes gobiernos se han convertido en múltiples bacrim comercializadoras de estupefacientes. El narcotráfico es un monstruo difícil de vencer por su continuo consumo, tanto internamente como en el exterior, cuya mafia en su mayoría es clandestina con infiltraciones también invisibles que siempre se oponen a la legalización de los narcóticos más fuertes, debido a que su mercantilización dejaría de ser un negocio poco rentable.
Retomemos los resultados de la encuesta Invamer divulgada este mes de agosto. Aunque a algunos lectores les parezca que me había desviado de tema, sí tienen relación: la corrupción, imperante en nuestro país, auspiciada soterradamente por el narcotráfico que genera enormes fortunas por lavado de activos.
Sin duda alguna, este es uno de los principales factores que estigmatiza a los colombianos y a Colombia porque es el mayor productor de cocaína.
En el sondeo de Invamer más del 90 % de los encuestados responde que la corrupción sigue aumentando. El narcotráfico incrementa la corrupción, pero muy poco empleo formal, lo que más genera son carteles de gente dedicada al contrabando y al trabajo informal que son caldos de cultivos para la inseguridad, cada día más creciente en nuestro país.
Además, el dinero ilícito no paga impuestos, pero sí impulsa mucha delincuencia, a la cual las autoridades no castigan severamente, especialmente a los capos que generalmente posan y pregonan ser gente de bien.