Por Rodolfo Quintero Romero
@rodoquinteromer
Todo indica que tarde o temprano se firmará el acuerdo de paz que termine con el conflicto armado. Por eso es necesarioprepararnos para el postconflicto: la etapa siguiente a la desmovilización, dejación de armas y vinculación a la vida civil de los excombatientes. El Estado tiene que llegar rápidamente a los territorios abandonados por las fuerzas insurgentes, para evitar que nuevos agentes los copen y continúe la actividad delictiva.
En el Cesar, a lo largo de la serranía del Perijá y la Sierra Nevada, hay presencia guerrillera y una base social campesina que ha convivido con ella durante más de 30 años. Las condiciones de vida de esa población son deplorables como lo son las de la mayoría de los cesarenses: ocupamos los primeros puestos en carencias y desigualdad en Colombia.
Todo el Departamento merece un plan de choque pero hay que priorizar las zonas marginadas en donde tienen su asiento los grupos armados. Hay que construir buenas vías de acceso; erradicar el analfabetismo; construir escuelas, puestos de salud y acueductos veredales; pozas sépticas; electrificación rural; prevenir las violencias contra la mujer; apoyar las zonas de reservas campesinas; fortalecer o crear más Umatas; facilitar crédito barato.
Se requiere desterrar la corrupción facilitando el control y seguimiento del sector privado y la ciudadanía a la inversión pública. Erradicar el clientelismo renunciando a contratar funcionarios mediocres para complacer a amigos y compadres. Tenemos que hacerlo ya, con cese del conflicto armado o no. El premio será una vida más equitativa, prospera, pacífica y feliz para nuestros hijos.
La terminación de la guerra no asegura la desaparición de la violencia pero si creará un marco favorable para enfrentar las causas sociales, económicas y culturales que la generan y reproducen. Debemos actuar pronto. Jalonar dinero de las regalías y pagar a tiempo los impuestos. No esperar noticias de La Habana para comenzar a trabajar.
A nuestro favor está el hecho insólito de tener un gobernador y un alcalde de Valledupar, decentes y dinámicos, que deben aliarse y liderar a los demás alcaldes para, con el sector privado y el apoyo de las comunidades movilizadas, preparar el territorio para la reconciliación y una paz estable y duradera, con una actividad económica creciente, inclusión social y sostenibilidad ambiental.
La guerra ya no será contra las FARC o el ELN sino contra la desigualdad, la discriminación, la debilidad institucional, la impunidad, el hambre, la pobreza, el atraso económico, la contaminación ambiental y la cultura de la ilegalidad.