A no dudarlo, una de las propuestas más contundentes e importantes que el pueblo colombiano pide a gran voz a los candidatos a ocupar el cargo de presidente de la República para el período 2.022 – 2.026, lo representa la seguridad ciudadana, bastante ajetreada por estos días.
¿Pero de qué seguridad podemos hablar en la actualidad? cuando a este país lo han polarizado diferentes doctrinas ideológicas; ya no nos podemos mirar a la cara, pues el interlocutor responde agresivamente ¿Qué me ves?
Recientemente un grupo al margen de la ley puso en jaque a la fuerza pública, se burlaron de las autoridades a nivel regional y nacional; estos identificados, reaccionaron ante la
extradición de su jefe a los Estados Unidos. El paro armado, como suele denominarse esta actividad criminal, se intensificó por tres días, tras una escalada de terror a lo largo de varios departamentos del país con incidencia directa en cerca
de 200 municipios.
Los resultados, más de cien carros incinerados, varios policías
y soldados asesinados; al igual que funcionarios públicos y población civil avasallada y ultrajada. Sumado a ello, largos trancones y alteración del orden público en diferentes lugares, tanto de la Costa Caribe como del interior de nuestra nación.
Como puede deducirse, las consecuencias para la economía del país, que apenas se recupera, fueron nefastas, partiendo del hecho que algunas regiones del país permanecieron totalmente bloqueadas, impidiendo así la movilización de diversos productos pan coger desde las zonas de producción hasta las grandes urbes.
Este acontecimiento propició el alza desmesurada de muchos productos de la canasta familiar como la carne, la yuca, el queso y así sucesivamente, igual se observó el desabastecimiento de gas propano.
Preguntamos: ¿Qué opinión se habrán tomado otros países, ante lo sucedido en el nuestro? Podrán decir falta de ejercer control o de iniciar un verdadero proceso de sometimiento ante la justicia.
Aunado a este sinsabor de orden económico, surge otro factor perturbador: la inseguridad en el contexto de la movilidad en las ciudades, incluso el sector rural, donde la extorsión, la amenaza a líderes, el secuestro y otras manifestaciones
delincuenciales, son el común denominador. Una amiga que vivió este horroroso episodio y que le tocó observar la destrucción de su vehículo me expresó: “Es lo más impactante que me ha sucedido en la vida, casi me da un infarto, me salvé
gracias a Dios”.
Pero, además de este grupo al margen de la ley, también, operan otros, disidencias, delincuencia común y organizada. Lo que implica que la situación de orden público nacional no es la mejor, más aún cuando estamos a escasas dos semanas para elegir al próximo mandatario del país.
La pregunta que surge es: ¿Ahora quién podrá defendernos? Los candidatos presidenciales no expresan claramente como contrarrestar esta situación; gran reto tienen; mientras tanto la ciudadanía muestra su temor día a día, impidiendo el normal desarrollo de sus actividades económicas sociales y turísticas, truncando diversidad de proyectos.
Estos grupos, además de la delincuencia organizada, convierten hoy por hoy en un factor que desafía la seguridad y convivencia ciudadana en Colombia. jairofrancos@hotmail.com