A pesar de los múltiples pronunciamientos de colectivos de abogados y de jueces, la atención presencial en la justicia penal regresaría a partir del próximo 1 de julio en todos los estrados del territorio nacional.
Esto debido a que el proyecto que busca convertir en legislación permanente el Decreto 806 del 2020 sobre el uso de la tecnología en la Rama Judicial, si bien fue aprobado en la Cámara de Representantes, dejó por fuera su aplicabilidad en el área penal.
En consecuencia, las audiencias de los procesos penales tendrían que programarse con anticipación para realizarse de manera presencial en los distintos palacios de justicia del país.
La decisión ha generado todo tipo de crítica, por lo que todavía se han presentado varios pronunciamientos para que el Senado de la República apruebe el proyecto tal cual fue redactado, es decir con aplicabilidad a todas las áreas que conforman a la justicia y no solamente a la administrativa, civil, laboral, entre otras.
Uno de los últimos en pronunciarse fue el sindicato del Inpec mediante un oficio dirigido al presidente Iván Duque y el ministro de Justicia y del Derecho, Wilson Ruiz Orejuela.
“El Inpec no cuenta con el personal de funcionarios del cuerpo de custodia y vigilancia suficiente para cumplir la totalidad de las audiencias judiciales que se requiere, además el material logístico y parque automotor del instituto se encuentra en condiciones precarias, al implementar de nuevo la presencialidad de estas audiencias incrementaría sustancialmente el gasto presupuestal que ocasionan los traslados nacionales y locales de los PPL (personas privadas de la libertad) a diferentes ciudades, además el presupuesto de los convenios interadministrativo, donaciones han sido invertidos en las adecuaciones realizadas en las salas de audiencias que se han creado en los diferentes establecimientos carcelarios del país”, reza el escrito de la Asociación Sindical Unitaria de Servidores Públicos del Sistema Penitenciario y Carcelario Colombiano.