Mis lectores han sido testigos de cómo en más de 10 columnas he alertado sobre la reforma de la salud, la que en mi criterio era la más grave iniciativa del Gobierno, ya que ponía en peligro la vida y el bienestar de toda la población colombiana.
Fiel a su estilo impositivo, el Gobierno prefirió hundir la reforma antes que concertar su contenido. Yo sigo pensando que hubiéramos podido avanzar en muchos temas como fortalecer la atención primaria, eliminar o al menos ordenar la integración vertical, eliminar también la intermediación laboral, formar un mayor número de especialistas, fortalecer la red pública de hospitales y avanzar hacia una cobertura territorial plena, para citar solo los más relevantes. Todos sabemos que el actual sistema necesita ajustes que se pueden hacer construyendo sobre lo construido y no arrasando lo que con tanto esfuerzo se ha hecho en más de treinta años.
Pero por lo visto la Semana Santa le sirvió al Gobierno para afinar su decisión de crucificar el sistema de salud por vía administrativa, prescindiendo de la aprobación de una ley que había calificado de indispensable. ¿En qué paró aquello de que el proyecto se tramitaría en las calles y con el pueblo? Pues en nada, ante el rechazo contundente de la ciudadanía que entendió que el sistema puede y debe mejorar, pero no lanzándose al vacío de una estatización total de la salud.
Por eso es justo valorar y exaltar a quienes interpretaron este sentir general y, contra todas las presiones inimaginables a las que fueron sometidos, supieron anteponer los intereses nacionales. Para la historia, aquí van sus nombres: Nadia Blel, Norma Hurtado, Miguel Ángel Pinto, Lorena Ríos, Berenice Bedoya, Honorio Henríquez, Josué Alirio Barrera, José Alfredo Marín y Ana Paola Agudelo.
Pero este gobierno que desprecia las instituciones y en particular la separación de los poderes públicos respondió a la brava y de la peor manera, interviniendo a la EPS Sanitas mediante una decisión administrativa, con innegable tufo revanchista, que afectará a 5,8 millones de colombianos que estamos afiliados a esta y que veníamos gozando de un excelente servicio. Si lo sabré yo que he pasado por tantas peripecias.
A este hecho se sumó la también hostil intervención de la Nueva EPS con sus 11 millones de afiliados, pese a que ya habían tomado control de esta. O sea, se intervinieron a sí mismos. Y ojo, pronto irán también por las propias cajas de compensación.
Y, por supuesto amedrentadas, ya Compensar y sus 2 millones de afiliados se anticipa y pide la liquidación voluntaria de su EPS. Y Sura estaría gestionando proceder en igual forma. Así quedaremos 50 millones de colombianos en el nuevo seguro social, como bien se anticipó.
Conviene advertir que no existe antecedente que demuestre que la figura de la intervención haya resultado exitosa.
¿Qué nos queda? Ser espectadores de las últimas liquidaciones de las EPS que aún subsisten, pero ya están en capilla, ver que las clínicas y hospitales no tendrán cómo garantizar nóminas, compra de medicamentos, insumos, dispositivos y con ello el riesgo de no prestar los servicios de salud que requieren los ciudadanos.
Así las cosas, en poco tiempo solo tendrán acceso a servicios de salud de calidad aquellos que puedan pagar un costosísimo seguro, o tengan los recursos para atender la consulta y atención privada; mejor dicho, la eliminación del sistema de salud.
Ya lo había anunciado y lo reitero, manejar los recursos de la salud, más de 90 billones de pesos, y el régimen de excepción de los maestros es tener uno de los botines más grandes de este país, es capturar personal y políticamente a todos los colombianos, con lo que quieren asegurar las elecciones de 2026, único objetivo del señor Petro para lo que queda de su mandato.
P. D. La salud queda a merced de la justicia, así Petro diga que asume toda la responsabilidad.
Germán Vargas Lleras