No podíamos olvidarnos de que recientemente se han cumplido 4 años desde ese 24 de noviembre que se firmó finalmente el Acuerdo con las Farc. Ha explicado nuestro columnista José Soto, en dos sucesivos artículos, qué es, cómo se organiza y qué competencias tiene la JEP, Jurisdicción Especial de Paz, y cuáles son las penas que impone.
Recomendamos su lectura, pues es común hablar de ella, defendiéndola o atacándola, sin saber de qué se trata. Esta llamada ‘justicia transicional’ es un elemento fundamental de la construcción de la paz, esa que lamentablemente la mayoría de los colombianos, que hoy vive en las ciudades, no ve, y que está asociada a la percepción errada que hay en la ciudadanía de que la llamada paz es el cese de toda violencia. Las cosas hay que colocarlas en su justo sitio.
El acuerdo con las Farc fue el del cese del principal conflicto armado que enfrentaba el Estado, representado en sus instituciones y las fuerzas militares y de policía, con la guerrilla más poderosa del mundo occidental, en una ‘guerra civil de baja intensidad prolongada’, durante más de 60 años.
Cuando decimos civil no es que toda la población estaba enfrentada, pero sí que se desplazaron millones de colombianos; cuando decimos guerra no es una guerra de ejércitos nacionales convencionales, sino asimétrica y de configuración regional-nacional, un conflicto interno; de baja intensidad y prolongada, que se desarrollaba de manera sostenida combinando atentados, homicidios, secuestros, emboscadas, con periodos de auge y caída pero eran ‘cosa normal’ en los diarios, la televisión; y su prolongación durante décadas hacía posible esa percepción pública.
No fue el conflicto de El Salvador o Guatemala. En el primero, en un territorio del tamaño de Antioquia, de alta densidad poblacional, de 5 millones, se dieron combates en una guerra de alta intensidad y corta duración.
No hubo cientos de miles de muertos o millones como en las guerra europeas, no fue el terrorismo de ETA, con sus 900 muertos en 30 años, pero se ha estimado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, que de 1958 a 2018 el conflicto con las Farc dejó 262.000 muertos, de los cuales algo más de 200 mil fueron civiles, fruto de la acción de la guerrilla, los paramilitares y las fuerzas oficiales.
En la región lo hemos recordado: ya casi 6 años no se registra ningún acto atribuido a la extinta guerrilla. Años antes de la firma final porque durante la negociación se dieron pasos como el cese unilateral, y luego bilateral, de las acciones armadas. Eso es un saldo muy positivo para Cesar, La Guajira y Magdalena. ¡Cuántas vidas y dolores ahorrados!
EL PILÓN siempre apoyó desde su creación la búsqueda de la paz y no ha desfallecido en ella, y seguiremos atentos a su compleja y controversial implementación. Es progresiva su conquista; es imperfecta, incompleta, como quiera que quedaron otros actores violentos en el territorio, que ahora, dado el vacío que quedó, se lo disputan a dentellada, bajo el financiamiento de las economías ilegales. Ahí vamos.