Aunque tenemos Nobel de Paz, el conflicto armado no ha cesado, y es válido y legal que se convoque una Asamblea Nacional Constituyente sin necesidad de que sea aprobada por el Congreso de la República y revisada por la Corte Constitucional, por mandato de la “Declaración Unilateral de Estado”, que está por encima de la Constitución Nacional, protocolizada ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el Acuerdo de Paz con las Farc, aseguró el exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, tras dejar constancia de que la misma Constitución del 91 es producto de un salto de garrocha con la séptima papeleta, lo que no es el caso de la Paz Total.
“La Declaración Unilateral de Estado”, que se soporta en sendas Resoluciones de las Naciones Unidas, fue firmada en su momento por el presidente Juan Manuel Santos, cuyo texto obliga al Estado colombiano a propender porque se cumpla e implemente el Acuerdo de Paz, lo que implica convocar un gran Acuerdo Nacional con participación de todos los partidos políticos, movimientos sociales y fuerzas vivas, para definir las reformas y ajustes institucionales que se requieren de cara a los retos que la paz demanda dentro de un nuevo marco de convivencia política y social.
El presidente Petro asumió la responsabilidad de Estado y comprometió su palabra ante el secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez, y aunque admitió que la indisciplina de la JEP ha provocado disidencias e incumplimiento de los acuerdos, lo que calificó de gravísimo el excanciller, el jefe de Estado aseguró que cumplirá la totalidad del documento de Naciones Unidas, lo que equivale a convocar una Asamblea Nacional Constituyente acogiendo el Acuerdo de Paz con las Farc firmado en 2016.
Las Altas partes contratantes, que son las que firmaron el Acuerdo de Paz con las Farc, se circunscriben al texto del Derecho Internacional Humanitario, con facultad de crear un Tribunal para pasar la página y que Colombia tenga una segunda oportunidad como ocurrió en Sudáfrica para acabar el Aparthey, proceso que duró 40 años, entre 1949-1992, Colombia lleva 70 años en la cultura de la violencia y no hemos sido capaz de lograr la paz, lamentó Leyva.
“Una Constitución es un Pacto de Paz y el presidente Petro siempre ha tenido en la cabeza la figura del pobre, la figura de la Justicia Social y una visión de reordenamiento moral”, refrendó, y aclaró que la violencia y el Acuerdo de Paz con las Farc no han concluido, y sin la paz no se pueden desarrollar los demás derechos.
El exdiplomático, quien conoce como el que más los bordados, las comas, los puntos y los párrafos de la paz, sobre lo que ha estudiado e investigado durante 40 años, evocó el proceso de reforma Constitucional de 1998 como un formato similar a lo que hoy se ensaya, y advirtió que desconocer la “Declaración Unilateral de Estado” acarrearía fuertes sanciones por parte de la Corte Internacional de Justicia, y lo que es peor, se malograría una oportunidad histórica de lograr la Paz Total.
Las reformas sociales que impulsa el gobierno nacional se encaminan al escenario del pueblo o Constituyente Primario, en consonancia de los Acuerdos de Paz con las Farc, para ser implementados con participación de otros grupos al margen de la ley, hasta en la misma Universidad Nacional se apelará al Constituyente Primario para paliar la crisis del Alma Mater, aunque en buena hora y sin quebrantar la Autonomía Universitaria se respetó la voluntad de la comunidad académica al revocar el Consejo Superior el nombramiento de José Ismael Peña y designar a Leopoldo Múnera, de mayor consenso que el primero, quien representaba las fuerzas tradicionales y manejaba los hilos del poder, objeto de rechazo por los estamentos universitarios.
Por: Miguel Aroca Yepes.