“40.000 hectáreas restituidas en 13 años, pero la cifra es muy baja frente a la problemática”: nueva directora de la URT

La  antropóloga vallenata Piedad Lucía Ramírez es la nueva directora territorial de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) para los departamentos del Cesar y La Guajira.  En su primera semana en el cargo, se refirió a la cifra de hectáreas recuperadas para las víctimas en esta parte del norte colombiano. 

Ramírez reconoció que los resultados son bajos aún, pero anunció las medidas que tomarán para aumentar la efectividad de la etapa administrativa que compete a la entidad para que los casos lleguen a juicio y se reivindiquen los derechos de los despojados. 

¿Cómo se dio su nombramiento en la dirección territorial, cómo llega a la entidad?

Me encontraba realizando mi labor como cónsul de Colombia en Maracaibo, y el presidente Petro y el mayor Giovanni Yule me ofrecieron venir a este, mi territorio, nuestro territorio, a asumir este reto de trabajar por la garantía de derechos de las víctimas del conflicto, campesinos que han perdido todo. 

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Y aunque yo estaba haciendo una labor social importante como cónsul, porque estaba atendiendo a los connacionales que viven en Maracaibo y que tienen toda suerte de problemáticas, yo consideré que era momento, sobre todo en este último peldaño del Gobierno del cambio, de darle un impulso al trabajo por devolverles las tierras a los campesinos despojados, que me parece son los que más han sufrido en esta guerra infame. 

¿Qué tanto ha avanzado en este Gobierno en materia de restitución de tierras en los departamentos del Cesar y La Guajira?

La Unidad de Restitución de Tierras, en los 13 años que lleva desde la creación de la Ley de Víctimas, ha entregado 40.000 hectáreas a los campesinos. Sin embargo, esa es una cifra muy baja frente a la problemática que es elevadísima.  El despojo en el Cesar y La Guajira, particularmente en el Cesar, fue dramático. Y eso obedece a una lógica desafortunada, pero que es de ley, y es que para poder restituir las tierras despojadas a la gente tiene que mediar una orden judicial, un fallo judicial, y los procesos judiciales tienen unos tiempos de los cuales no podemos eximirnos. 

Como Unidad de Restitución de Tierras lo que hacemos es recibir la solicitud del campesino despojado, examinar si hay elementos de juicio para creer que esa tierra efectivamente era de él, ya fuera poseedor o tuviese los títulos; inscribirlo en el registro cuando consideramos que así es, que tiene una justeza en su reclamación, y representarlo jurídicamente ante los jueces y ante los magistrados para que ellos, en un fallo, puedan efectivamente restituir la tierra y dar otras órdenes para garantizar sus derechos, como la de acceder a un proyecto productivo y otro tipo de compensaciones por la victimización de las que fueron objeto. 

Entonces, todo ese proceso que empieza con que el campesino nos entrega los documentos, los estudiamos, lo incluimos en el registro, presentamos la demanda y se surte el proceso jurídico, y luego de eso empieza la etapa de posfallo, en la cual empezamos a hacer todas las acciones para efectivamente entregarle su finca, y si no se puede su finca, una finca similar, y si no se puede, entonces un dinero, no es fácil. Lo mismo el acceso a un proyecto productivo. No es nada fácil implementar un proyecto productivo. 

¿Qué hacer ante esa demora?

Todo eso demora porque no solo la justicia tiene unos tiempos del proceso jurídico, sino que también la burocracia hace lo suyo. No es fácil todo este proceso. Estamos tratando de examinar cuáles son los cuellos de botella, por qué hay represamiento, cómo podemos dialogar y articular mejor con los jueces, con los magistrados, y qué acciones tenemos que tomar de manera articulada con la Agencia Nacional de Tierras, con la Agencia de Desarrollo Rural y con todas las entidades, con la UARIV, con todas las entidades que tienen competencia para lograr que sea más ágil y que la gente no sufra tanto.

De las 40.000 hectáreas, ¿cuántas corresponden por departamento?

36.000 de ellas en el Cesar, porque la realidad del despojo en el Cesar es mucho más grave que en La Guajira.

¿Cuáles son los mayores retos que tiene en este momento la entidad en cuanto a los casos?

Le ponemos la lupa a los casos que tienen que ver con las comunidades étnicas, porque las comunidades afrodescendientes y las comunidades indígenas fueron particularmente víctimas del conflicto y tienen una doble vulnerabilidad o fragilidad social por el hecho de que para ellos la tierra es más que eso, es territorio, entonces, que los despojen tiene una gravedad mucho más importante, y esos son los procesos de restitución colectiva de las tierras, porque son territorios colectivos, tanto resguardos como las tierras de los afrodescendientes.

Ese es uno de los retos más importantes para nosotros. En este momento, junto con la Agencia Nacional de Tierras, estamos dando una buena noticia al país, y es que en el Cesar se le están devolviendo las tierras comunales, los ejidos, a las comunidades que históricamente las habían disfrutado como territorios comunitarios, y que llegaron unos privados a ponerles cerca y apropiárselas. 

Por Andrea Guerra / EL PILÓN.