Ayer cuando me desperté a revisar los principales periódicos del país encontré que la principal noticia se refería a la aprobación de un Conpes que trae el anuncio de un paquete de medidas e inversiones para reconstruir la economía del país en un plazo de seis años.
Según el boletín de prensa -que publicaron igualito todos los periódicos-, el paquete de medidas elaboradas por 500 participantes y los miembros del Consejo Gremial Nacional y Consejo Privado de Competitividad (contradictorio nombre), tiene un presupuesto asegurado de $135 billones, el cual será ejecutado con el sector privado.
Cuando me puse a revisar la distribución de ese presupuesto de inversión, encontré que al sector agropecuario le destinaron $21,3 billones, lo que equivale a $3,5 billones anuales. Si le sumamos esa cifra al presupuesto del Ministerio de Agricultura, el sector agropecuario contará con una inversión $5.8 billones este año. Un monto bastante suficiente para impulsar la productividad y competitividad del campo.
Cuando uno sigue leyendo el boletín de prensa, encuentra que el DNP anuncia una inversión para el sector agropecuario de $4 billones para este año, el cual piensa invertir en el financiamiento de 80 proyectos para el campo. Es decir, van a destinar $50.000 millones por proyecto, que según ellos, generarían 99.600 empleos en el campo. Estuve buscando en el documento esos proyectos de inversión y no los encontré por ningún lado y entonces me puse a pensar qué haría yo si en mis manos estuviera la responsabilidad de ejecutar 4 billones de pesos en el campo.
Sin dudarlo un instante, destinaría el primer billón de pesos para la compra del 80 % de la cartera vencida que tienen todos los pequeños campesinos del país, con el Banco Agrario y Sipsa, para que no les embarguen sus fincas y habilitarlos para un nuevo proyecto productivo que esté integrado al nuevo esquema de crédito para clústeres agroindustriales, como el que se va concretar el próximo 24 de febrero en Montería, entre las industrias del Grupo Bio y Alimentos Polar con productores de maíz de esa región, a través del mecanismo de contrato forward con garantía FAG.
El segundo billoncito lo destinaría a subsidiar el 50 % del costo de un paquete de riego que contenga un pozo profundo, un pánel solar, motobomba y mangueras, para regar hasta cinco hectáreas en medianas fincas agrícolas y ganaderas, en aquellas regiones donde la precipitación de las lluvias es escasa. El tercer billón de pesos, lo invertiría en un programa de capacitación en emprendimiento rural y Buenas Prácticas Agropecuarias para todos los jóvenes de último año de bachillerato de escuelas que estén en municipios rurales que tengan menos de 20.000 habitantes.
El último billón de pesos lo invertiría en un programa de transferencia de genética bovina bajo un esquema de compensación ambiental para hatos ganaderos de hasta 50 vacas y semillas certificadas para siembras de hasta 50 hectáreas. Me quedó faltando un billón para asumir el costo de los trámites de formalización y legalización de títulos de predios rurales para familias campesinas.
Doctor, Luis Alberto Rodríguez, todavía están a tiempo. Tres millones de campesinos se lo agradecerán.