Mientras que la situación se define, los estudiantes de estos planteles siguen lidiando con las difíciles condiciones en las que se encuentran los establecimientos educativos.
Tras la tutela que ha interpuesto la comunidad de dos de las veredas que conforman el corregimiento de Azúcar Buena contra la Alcaldía de Valledupar por la falta de servicio de agua potable en las instituciones educativas de La Comunal y El Mamón, la administración local decidió apelar a la decisión del juez que solicitaba dar una solución inmediata a esta problemática.
“Estamos esperando a ver qué sucede tras la respuesta que puso la administración local, esperamos que durante esta semana puedan dar respuesta”, expresó Álvaro Tavera, miembro de la Asociación de Líderes del Cesar.
Sin embargo, esta situación tiene un trasfondo mayor al tratarse de varios predios en los que se encuentran planteles que no están legalizados. Este motivo impide que se lleven a cabo las inversiones necesarias para que los estudiantes de estas zonas cuenten con todas las condiciones dignas para adelantar sus estudios.
Según explicó Luis Carlos Matute, secretario de Educación del municipio, dichos establecimientos educativos públicos están ubicados en un área de expansión indígena a los cuales no se les ha definido todavía por parte del Ministerio del Interior la situación para determinar si efectivamente pertenecen al área indígena o no.
“Hemos elevado la consulta, aspiramos nuevamente hacerlo para que se nos resuelva esta situación y se puedan legalizar estas instituciones sin ningún inconveniente”, manifestó Matute, quien reiteró que hasta el momento el Ministerio no se ha pronunciado al respecto.
Hasta el momento, según cifras que entregó el funcionario, durante estos tres años de administración se han estado legalizando los predios de las instituciones educativas que se encontraban en similares circunstancias, con lo cual han adelantado el proceso con 105 escuelas en la zona urbana y 40 en la zona rural, restando solo estas 32.
Al tiempo, destacó Matute, han realizado algunas inversiones en ciertos planteles dentro de las condiciones de priorización que han ido estableciendo. Así pues en la Institución Educativa San Isidro Labrador en Atánquez llevaron a cabo la adecuación de dos aulas, en la Institución Educativa Virgen del Carmen se hizo una reparación eléctrica y del área de sistema, en la Escuela Juana de Atuesta en Mariangola se instalaron dos baterías sanitarias y ahora se están adecuando en la Institución Educativa Rodolfo Castro Castro las baterías sanitaria y un tanque elevado.
Además, declaró Matute, tras una visita que hizo el Ministerio de Educación Nacional y la Organización Internacional de Migración, ya se encuentran priorizados alrededor de 25 planteles a los que se van a hacer inversiones de aproximadamente cincuenta millones de pesos a cada uno para mejoras locativas de los colegios por medio de recursos de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET.
Entre tanto, las comunidades de estas zonas siguen esperando una pronta solución a la problemática que viven los menores hace décadas y sobre lo que reiteran es un derecho fundamental.
Daniela Rincones Julio / EL PILÓN
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