El 28 de marzo de 1990 el frente 59 de las Farc asesinó al fundador y líder del corregimiento de Las Minas de Hiracal, Elías Orozco Arzuaga. Ese día esta comunidad del municipio de Pueblo Bello, en las estribaciones de la Sierra Nevada en Santa Marta, sufrió el primer golpe de la violencia. Elías fue ajusticiado junto con su hijo porque la subversión, en cabeza de alias ‘Chamo, los acusó de ser colaboradores del Ejército Nacional.
Con la muerte de Orozco, quien fue el primer corregidor de este pueblo, se abrió el listado de muertos de Las Minas, que según cuentan sus pobladores, superó los 80 asesinatos. Esta comunidad vivió durante dos décadas los estragos de la violencia colombiana. La guerrilla por un lado, el Ejército por otro y finalmente los paramilitares, dejaron desaparecidos, desplazamientos, amenazas, violaciones a sus mujeres y todo tipo de humillaciones.
Las Minas de Hiracal es una de las nueve comunidades cesarenses que hace el tránsito para lograr la reparación colectiva a que tienen derecho los grupos poblacionales que fueron víctimas de la violencia y que ahora con la Ley 1448 de 2011 o también llamada Ley de Víctimas, pueden resarcir en algo el dolor y las penurias que les dejó la guerra.
La directora territorial de la Unidad de Víctimas del Cesar y La Guajira, Juanita Ramírez, explicó que la ruta de reparación colectiva busca la dignificación de las comunidades y organizaciones de tipo político, social por la sistematización en que se violaron sus derechos humanos y la infracción al derecho internacional humanitario en el desarrollo del conflicto armado colombiano. Esta reparación es diferente a la que cada persona accede por la vía administrativa, y aunque puede ser simbólica, algunas víctimas aseguran “que lo importante es que la sociedad sepa lo que sufrieron”.
Una mujer del corregimiento Santa Isabel en el municipio de Astrea, dijo a EL PILÓN que después de ver morir a 13 de sus vecinos en enero del año 2000, a los que los paramilitares sacaron de sus casas con lista en mano y mataron en la placita principal del pueblo, lo único que quiere es ver que su comunidad vuelva a sentir paz. “No podremos olvidar aquella noche, menos revivir a nuestros muertos, pero si podemos luchar por nuestros sueños”, dijo.
Por eso en el Cesar, nueve comunidades de los municipios de Valledupar, Pueblo Bello, Codazzi, San Diego, Pailitas, El Copey, Chiriguaná, Astrea y Curumaní comenzaron la difícil ruta de la reparación colectiva, y no difícil por lo que demora, sino porque se logra cuando la misma comunidad se pone de acuerdo.
“El acercamiento de la reparación colectiva ha sido maravilloso, ellos han colaborado, los consejos comunitarios, los cabildos gobernadores también. El miedo se ha venido superando, en este momento en Pailitas y Pelayas, por ejemplo, se ha logrado visibilizar el tema de delitos de género que antes no se había dado a conocer”, dijo Juanita Ramírez.
La funcionaria que dirige la Unidad de Víctimas resaltó que el Gobierno Nacional en todo el país ha priorizado la reparación colectiva de 330 comunidades, de estas en el departamento del Cesar hay nueve sujetos no étnicos de conformidad con la Ley 1448 de 2011 y el Decreto reglamentario 4800. Esta priorización se logra a través del mecanismo de oferta, que es un ejercicio que se hace por medio de trabajos de georeferenciación, de la información compilada en bases de datos institucionales a nivel nacional, por las violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, en la ocurrencia de hechos victimizantes colectivamente y los derechos individuales que sufrieron los miembros de la comunidad en referencia.
Así es la reparación colectiva
Cada pueblo tiene su propia historia, la misma que quieren superar para comenzar una mejor vida. Por eso la reparación colectiva incluye componentes de indemnización, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición, y restitución de tierras. De estos cinco componentes, la Unidad para la Atención y Reparación Integral es responsable de coordinar el sistema nacional de atención y reparación integral, directamente en la ruta de reparación colectiva, relacionada con la rehabilitación y satisfacción.
“La Unidad ha hecho presencia en las comunidades priorizadas desde el 2013 para iniciar el acercamiento con las comunidades respectivamente, con la incorporación de la medida llamada ‘Entrelazando’, que corresponde al componente de rehabilitación que busca la reconstrucción del tejido social de las comunidades que sistemáticamente han sido víctimas en sus derechos individuales y colectivos respectivamente”, asegura la directora territorial de la Unidad de Víctimas.
‘Entrelazando’ contiene una hoja de ruta, con la cual dentro desarrolla sus objetivos específicos de pedagogía social, imaginarios colectivos, transformación de escenarios locales, prácticas sociales. Hasta el momento, con las comunidades priorizadas en el Cesar han iniciado el componente de prácticas sociales con el que buscan que reactivar las prácticas que la comunidad abandonó como efecto directo de la presencia de actores armados en sus comunidades.
Mapa de la reparación colectiva
En el Cesar los 29 sujetos de reparación que están priorizados por el momento, avanzan en sus procesos. No todas lo hacen al mismo ritmo, y existen unas más adelantadas que otras, como el corregimiento de Guacoche que acaba de hacer la preconsulta previa, el antepenúltimo paso para lograr la reparación. Varias están en la etapa de formulación del plan integral de reparación colectiva que aprueba el Comité de Justicia Transicional y algunas en el diagnóstico del daño.
Poco a poco superan todos los pasos. Así es el mapa de las comunidades afectadas.
*Las Minas de Iracal en el municipio de Pueblo Bello, que también incluye la zona de Centro de acopio y las veredas cercanas. Esta comunidad está en diagnóstico del daño y este año espera tener listo el plan integral de reparación y posterior aprobación ante Comité de Justicia Transicional.
*Corregimiento de Casacará, en Codazzi. Ya formularon el Plan y esperan que este año lo apruebe el Comité de Justicia Transicional.
*Parcelación El Toco, corregimiento de Los Brasiles en el municipio de San Diego. Están en la misma situación que Casacará.
*Pailitas, con 23 veredas: La Unión, Las Llaves, Caño Arena, Barro Blanco, El Refugio, Bola Azul, Bobali 1, Bobali 2, Caracolí, Villanueva 1, Villanueva 2, Los Higuerones, La Guarumera, Quebrada Chiquita, La Pedregosa, San Isidro, Mundo Nuevo, Quebrada Honda, Los Andes 1, Los Andes 2, Rayita Oriental, Raya Grande, La Esperanza, Ocho de Diciembre, La Paz, San José Bubeta, y el corregimiento de Los Llanos. Estas comunidades ya presentaron el Plan de Reparación, que está aprobado y esperan el retorno y los proyectos que permitirán la reconstrucción de su tejido social.
*Corregimiento de Chimila, municipio de El Copey. Pendientes de que le aprueben su plan de reparación.
*Corregimiento de Poponte, en Chiriguaná. Incluye las veredas Cascabel, Mula Alta, Los Motilones, Mochila Baja, El Retiro, El Pancho, Mula Baja, El Paraíso, El Pedral, Mochila Alta, Munda, Grecia y Lejía. El Comité de Justicia Transicional ya aprobó su plan y están pendientes de la implementación de las medidas, especialmente de la recuperación del río La Mula.
*Corregimiento de Santa Cecilia, municipio de Astrea.
*Corregimiento de Santa Cecilia, municipio de Curumaní, que tiene diez veredas: 10 veredas, Tosnoban, El Desierto, Las Nubes, 4 de Enero, Rodesia, Lamas Verde, Nuevo Horizonte, Las Minas, El Pancho, Sábanas del Valle. Con su plan listo, esperan la puesta en marcha del puesto de salud y el mejoramiento de las redes eléctricas.
*Corregimiento Seis de Mayo del municipio de Pelaya, con sus veredas Carrizal, Martha Isabel, Singararé, Manantiales y la Legía. Ellos están en la formulación del plan de reparación.
Resguardos indígenas en reparación
Resguardo Yukpa
Comunidad Yukpa de Iroka
Resguardo Kankuamo, con sus 12 comunidades La Mina, Chemesquemena, Atanquez, Guatapurí, Río Seco, Morillo, Mojao, Ramalito, Rancho de La Goya, Pontón, Las Flores. (Pendientes de la preconsulta).
Los consejos comunitarios afrodescendientes:
Los Venados, Guaymaral, Alto de la Vuelta, Valencia de Jesús, Caracolí, Badillo, El Perro, Guachito, Guacoche, en Valledupar; Las Palmitas y La Victoria de San Isidro en La Jagua de Ibirico y San Bernardo en Pelaya.
Por Redacción /EL PILÓN