El porcentaje de inscripción de cédulas en el Departamento del Cesar se redujo en comparación con las pasadas elecciones de 2014. Aunque en algunos municipios se hizo un registro histórico de inscritos, como en La Gloria que pasó de 393 a 557, lo que representa un 141 % de los votantes que participaron en la contienda pasada, en igual situación está Pueblo Bello, que pasó de 458 a 1.168, lo que significa un aumento del 255 %.
El plazo para este trámite terminó el 11 de enero, donde los ciudadanos interesados en participar en las elecciones para Senado y Cámara, lograron inscribirse para los comicios del próximo 11 de marzo. Este proceso lo debían efectuar solo aquellas personas que quisieran o necesitarán cambiar de puesto de votación.
Al cierre de este proceso, la Registraduría Nacional documentó para el Cesar 27.076 inscritos de los 33.244 que se inscribieron en el 2014, es decir el 81.45 %, y para Valledupar el panorama es diferente. En 2014 se inscribieron 7.911 y esta vez el número subió a 10.296, con una diferencia porcentual de 130 %.
En comparación con las pasadas legislativas, este departamento registró una baja de 18.55 % de las cédulas inscritas en aquel momento.
Si bien el porcentaje de cédulas inscritas se redujo para el Cesar, para Valledupar aumentó en comparación con hace cuatro años, pero hay que observar con detenimiento las cifras que hasta hoy se tienen para determinar si hay o no delito electoral en ese proceso, principalmente en los municipios donde hubo alza.
Este proceso estuvo habilitado desde el 11 de marzo de 2017, día en que inició el periodo de inscripción de documentos y cerró con 1.694.177 ciudadanos que inscribieron su cédula para cambiar su lugar de votación.
Después de Valledupar, Aguachica es el municipio con más inscritos en el departamento, con 2.147 que representan un 69.64 % y se ubica en el ranking de los municipios con más inscritos para las elecciones 2018. Así mismo aparecen Curumaní con 1.484, La Jagua de Ibirico con 1.164 y Pueblo Bello con 1.168.
Mientras que las poblaciones donde menos inscritos hubo son González con 106, Astrea con 316, Gamarra con 326, Pailitas con 338, Tamalameque con 359, San Alberto con 386 y Pelaya con 394.
Cabe resaltar que quienes debían inscribir la cédula son las personas que cambiaron su lugar de residencia, bien sea un cambio de barrio, de ciudad, departamento o incluso de país. También, todas aquellas personas que tienen su cédula expedida antes de 1988 y no habían inscrito su cédula, ni han votado en ninguna de las elecciones celebradas en los últimos 30 años en Colombia. Cada persona podría inscribir su documento en el puesto de votación más cercano al lugar en el que reside.
En el exterior los colombianos debían inscribirse en embajadas, oficinas consulares o consulados honorarios del país en el exterior. 88.876 ciudadanos inscribieron la cédula fuera del país.
Para esta contienda, la Procuraduría General de la Nación dio a conocer que se tomará el proceso electoral con el fin de garantizar que los colombianos voten de manera transparente en las elecciones a Congreso y Presidencia.
De esta manera notificó la implementación de un programa especial de vigilancia electoral que contempla, entre otras medidas, ejercer un control institucional sobre los gastos de las campañas, el uso inadecuado de la publicidad política, el seguimiento a las empresas proveedoras de servicios electorales y el acompañamiento a la contratación de la organización electoral.
La toma al proceso electoral 2018 también incluye el ejercicio de acciones disciplinarias y la rotación de todos los procuradores regionales y provinciales, para evitar conjeturas sobre su actuación y fortalecer la vigilancia a los comicios.
El plan contempla, además, el robustecimiento de la Comisión para Asuntos Electorales, la instalación de las comisiones territoriales del Ministerio Público, con participación de las personerías y la intervención de 4.000 funcionarios como procuradores electorales en las mesas de votación.
La Procuraduría impulsará la firma de un pacto por la probidad y la transparencia para las elecciones y la implementación de un código de ética con los candidatos presidenciales, gerentes de campaña, y representantes del sector privado para que se respeten los topes de financiación fijados en la ley.
Andreina Bandera / EL PILÓN
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