Sin que nadie lo notara, el Alcalde de Valledupar se hizo aprobar una autorización para tramitar un empréstito por 35 mil millones de pesos, gravando las finanzas municipales por veinte años.
Y en un santiamén, antes que alguien despabilara, se tramitó el crédito y se logró el desembolso de semejante bicoca. Ahí está el dineral oyendo el cuento, pero todavía no existen ni siquiera sumariamente los estudios de rigor.
Más, muchísimo más grave que la improvisación y prisa de la Administración Municipal, es la supina diligencia del ‘honorable’ Concejo de Valledupar para expedir cheques en blanco, pues ni siquiera le interesó para dónde, cuándo y cuál sería la inversión de cada obra determinada. Debe estar el Gobernador del Cesar relamiéndose los labios ante tanta esplendidez del Concejo, en contraste con los remilgos de la Asamblea. Aunque también la ciudadanía reflexiona: ¿cuál de los dos extremos es peor?, y además, ¿qué hay detrás de esas posiciones extremas?
Pecan en materia grave nuestros cuerpos colegiados seccionales al pervertir sus misiones coadministradoras; el departamental por exceso de dignidad protagónica al condicionar su obrar al reconocimiento político del ejecutivo, provocando de modo doloso la parálisis de la Administración, y de paso, dándole pábulo para justificar el no obrar.
Y peca en materia grave el cuerpo colegiado municipal, una de cuyas funciones de control político es proteger los dineros públicos exigiendo del ejecutivo inversiones eficientes y eficaces, al autorizar a ciegas operaciones de tal magnitud y sin medir las consecuencias del acto. La negligencia está vedada en la actividad pública y se confunde con el dolo cuando es tan evidente el escache.
El volumen del endeudamiento (36 mil millones de pesos) y casi la intemporalidad del gravamen (20 años) necesitaban y exigían análisis rigurosos para llegar a la convicción, así sea mediana, de la pertinencia de la autorización. Al no saberse cuál es la destinación específica – si necesidades básicas urbanas o rurales, o ambas, y en qué proporciones y cuáles preferencias – tampoco podrá garantizarse, de modo apriorístico, la eficacia de la inversión. Amén de que el servicio de la deuda podría, y no es traído de los cabellos, afectar de modo negativo el régimen de subsidios para los estratos bajos o el régimen contributivo para los altos. Son bemoles para considerar.
Hay otro elemento que conturba, sobre todo porque su reiteración hace pensar que es de la naturaleza del hombre vallenato. Se hace referencia a la enorme incapacidad de que hacen gala nuestros gobernantes seccionales para trabajar articuladamente a favor de la ciudad. El pasado da ejemplos suficientes, y el presente repite la historia.
¿No estará más acorde con la situación famélica, empobrecida, del municipio de Valledupar, incluirse en el Plan Departamental de Agua (PDA) para que le satisfaga esa necesidad básica insatisfecha, todo a un costo casi irrisorio para el municipio? Es necedad despreciar esa oportunidad, y más ahora que el decreto 2200/09 lo permite sin exclusión para todo el territorio municipal. ¿Por qué no destinar ese empréstito para otros menesteres?
Alguien le está mintiendo a Valledupar, satanizando el PDA con la especie de que la inclusión exige la ‘entrega’ de la joya de la corona, Emdupar. No hay tal, porque la órbita funcional de esta empresa es exclusiva para el área urbana y no para la rural.
Preocupa la suspicacia ciudadana en tanto afecta credibilidad y gobernabilidad. ¿Qué hay detrás de tanto apresuramiento del ejecutivo y de tanta dejadez (¿laxitud?) del Concejo? Quizás el transcurso del tiempo, y no muy lejano, hará evidente las razones, cuando se disponga que tales obras se hagan a través de convenios administrativos para eludir un principio de transparencia en la contratación, la licitación pública. O a través de uno de los tantos concesionario-sanguijuela que engordan merced a la anemia de la ciudad.
Las obras – cualesquiera sean – pueden ser necesarias. Pero hay que hacerlas bien, con decencia, con transparencia, con eficiencia, con celo extremo en la inversión y preservación de los dineros públicos.
A falta de ello, ojo avizor para los entes de control, para que actúen a prevención, no a posteriores.