Por: Oscar Ariza Daza
Desde comienzos del 2009 la administración municipal comenzó a hablar del manual de convivencia ciudadana como un documento valioso que se convirtiera en una oportunidad para que la ciudad, desde una perspectiva moderna, se autorregulara a partir de principios éticos y morales que la ayudaran a transformarse en un espacio social abierto a la civilidad, como elemento vital para la convivencia.
Transformar a Valledupar en una ciudad educadora involucra un trabajo sinérgico entre gobierno, ciudadanía, organismos de control, Policía Nacional y padres de familia, para elaborar una propuesta que integre y valide los elementos civiles, éticos, políticos, ecológicos, a través de un proceso de formación continuo y coherente desde los hogares y colegios para que la ciudadanía se desarrolle sin problemas, especialmente su población infantil de zonas deprimidas que hoy parece estar a la deriva sin protección alguna, sujetos a la explotación de los mayores sin que nadie diga o haga nada.
Cada día la explotación infantil en Valledupar se vuelve más cruda y descarada frente a las narices del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, el gobierno municipal y la policía de menores que poco o nada hacen por controlar que los infantes sigan siendo sujeto de abuso por parte de sus padres quienes los envían a trabajar, pedir dinero y comida por las calles, en restaurantes y semáforos de la ciudad.
En el sector de la avenida Simón Bolívar, entre los tres postes y los restaurantes de esa zona, fácilmente se agrupan de 20 a 30 niños que trabajan ayudando a parquear los vehículos que ilegalmente se apoderan de buena parte del espacio público de la avenida en horas de almuerzo. A diario los combates entre niños que se disputan una moneda hasta el punto de agredirse físicamente son claros y evidentes para quien transita por esa zona; un lugar sin control de autoridad alguna.
Hace algunos meses, durante el Festival Vallenato, la ciudad se llenó de jipíes y malabaristas que en los semáforos exhibían sus acrobacias desde el lanza cuchillos quien después terminó involucrado en el asesinato de dos carniceros, hasta otros que lanzan fuego desde su boca llena de petróleo o hacen acrobacias con pelotas o sombreros. Desde ese día, la ciudad parece un circo ambulante, pues está inundada de personas que de una u otra manera viven de sus habilidades y hasta ahí estas prácticas son toleradas a pesar de que ponen en riesgos la movilidad y la seguridad de quienes transitan por calles y avenidas.
Lo inaceptable es que muchos de ellos terminan reclutando infantes que tratan de imitar este tipo de prácticas, creyendo ganar unas monedas con facilidad y a falta de experiencia alguna, terminan poniendo en riesgo sus vidas, se alejan de las escuelas, algunos prueban las drogas e inician una vida desprendida de sus hogares, lo que termina por acercarlos a la delincuencia.
Nadie hace nada por evitar que los niños pongan en riesgos sus vidas. El ICBF se ha vuelto inoperante junto con la policía de menores para responsabilizar a los padres que en estos casos se esconden a unas pocas cuadras mientras sus hijos piden dinero. La mayoría de los niños argumentan ser obligados a trabajar por parte de sus tutores sin que haya una voluntad institucional para acabar con este flagelo de la explotación infantil.
Ya hay denuncias de que muchos menores infractores roban y golpean carros ante la negativa de una moneda, pero es poca la respuesta de una administración que en sus vallas publicitarias anuncia resultados con seguridad.
Una ciudad con población infantil vulnerada por la ignominia del Estado, jamás podrá transitar por la vía de la modernidad, ni podrá convertirse en una ciudad educadora, pues además de la buena voluntad e intención del concejal Augusto Ramírez Uhía, y su equipo de trabajo, que defiende el desarrollo del manual de convivencia ciudadana, se necesitan más actores comprometidos; un alcalde con poder de convocatoria y con perspicacia para involucrar a organismos de control, escuelas, colegios, padres y fuerza policiva para que el Estado en representación de cada una de estas instituciones cumpla con el sagrado deber constitucional de proteger a los niños.
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