Poco a poco el país ha tomado conciencia de la importancia de prevenir y combatir la violencia intrafamiliar. Durante muchos años, la violencia en el hogar se ha tolerado, algunas veces, quizás como una expresión distinta y menor de la violencia política que ha caracterizado, lamentablemente, la mayor parte de nuestro devenir histórico. Afortunadamente, las cosas están cambiando, en este sentido, se han aprobado normas para prevenir y castigar el maltrato contra los niños y – también- contra las mujeres.
Las distintas formas de violencia contra las mujeres son una expresión de la discriminación y violación de los derechos del género femenino, producto no del azar o de un hecho exclusivo de la esfera privada, sino íntimamente vinculada con las relaciones desiguales de poder construidas social e históricamente, establecidas e impuestas, entre hombres y mujeres.
No obstante, a partir de la aprobación de la Constitución de 1991, con la definición de Colombia como un Estado Social de Derecho, y además en reconocimiento a los mayores roles de la mujer en el mundo social, educativo y laboral, se han expedido una serie de normas encaminadas a reconocer esos derechos y a prevenir y a afrontar todas las distintas formas de maltrato físico, sicológico y sexual contra las mujeres.
Sobre el problema del maltrato contra las mujeres al interior de las familias, lamentablemente hay que registrar que el Cesar se encuentra entre los departamentos en los cuales se presentan más situaciones de maltrato y violencia contra las mujeres, tanto sicológica como físicamente. Según las cifras disponibles, de 1.344 casos de violencias contra las mujeres en la pareja reportados en 2008, el departamento pasó a 2.344 en 2009, es decir, aumentó casi el 80% en un año. El 70% de las mujeres son controladas de alguna manera por su esposo o compañero; el 35% de las mujeres sufren amenazas de su esposo o compañero; el 32% sufre algún tipo de violencia física, de las cuales el 7.5% asegura haber sido violada por su esposo o compañero, mientras que un 3% ha sido víctima de violencia sexual por personas diferentes. Según una Encuesta Nacional de Demografía y Salud realizada para Profamilia en 2010.
Estas alarmantes cifras no dicen si ese maltrato creció, o si lo que aumentaron fueron las denuncias de los hechos. Tampoco está clara la asociación entre el maltrato a las mujeres y la violencia política, el consumo de licor o de sustancias sicoactivas, entre otros posibles factores.
En este sentido, constituye una iniciativa fundamental y loable la campaña “¡Párala ya!, nada justifica la violencia contra las mujeres”, presentada esta semana por la Fundación Carboandes, el Círculo de Periodistas de Valledupar (CPV), ONU Mujeres y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) encaminada a prevenir, denunciar y rechazar cualquier tipo de maltrato contra el género femenino.
La campaña busca sensibilizar a la comunidad vallenata y cesarense sobre las distintas situaciones de violencia que padecen las mujeres en la ciudad y el departamento, y evidenciar las herramientas legales y sociales que pueden ayudar a disminuir estos fenómenos de violencia, desde un enfoque de derechos, a través de procesos de formación y de divulgación, entre otros.
En particular, se trata de acciones que permitan mostrar el impacto de la violencia contra las mujeres, incidir en su disminución, movilizar a la sociedad frente a la eliminación de estas violencias, dar a conocer las herramientas que ofrece la Ley 1257 de 2008 y promover la puesta en marcha de la Mesa de Seguimiento a la Ley 1257 de 2008 en la capital del Cesar.
Para ello, entre otras tareas, se encuentra en marcha el Ciclo de formación en violencia contra las mujeres y comunicación con visión de género, con la Red de Voceras y Voceros de la campaña, quienes se han comprometido con el impulso de la campaña, al igual de las entidades aliadas: Fundación Carboandes, el Círculo de periodistas de Valledupar, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y ONU Mujeres.
Pero, además de apoyar la campaña, es necesario comprometer a los próximos mandatarios locales, alcaldes y gobernadores, como también a los concejales y diputados, con el establecimiento de políticas públicas que propendan por la equidad de género, de una parte, y la prevención y sanción social y jurídica contra el maltrato contra las mujeres. Adicionalmente, a la solución del problema hay que involucrar al sistema educativo, a los profesores y padres de familia, con una visión distinta de las relaciones entre hombres y mujeres, no como un escenario de confrontación al interior de las familias sino como una relación más igualitaria, armónica y constructiva, como antídoto contra esta triste forma de violencia que entre todos debemos erradicar.