Por: Gustavo Cotes Medina
Todos conocemos que Colombia tiene un serio problema de infraestructura producto de una topografía muy difícil y del atraso acumulado de varias décadas en la que no se hicieron las inversiones necesarias a su debido tiempo.
Si a lo anterior le sumamos los fuertes inviernos de los últimos dos años, que afectaron en forma importante un buen número de vías, nos da como resultado un rezago angustioso que han llevado al país a la retaguardia frente a otras economías latinoamericanas de similar desarrollo.
La administración pasada y la actual han tratado de recuperar algo del tiempo perdido con mayores presupuestos y una notable participación del sector privado en carreteras, puertos, vías férreas y aeropuertos. Algunas obras empiezan a verse, pero realmente falta mucho, especialmente en navegación fluvial y vías terciarias.
A la fecha, los afanes se traducen en la adjudicación de contratos sin los diseños definidos con lo cual los atrasos y los sobrecostos se convierten en una constante. A lo anterior se suma los grandes inconvenientes en la adquisición de predios, demoras injustificadas en la expedición de licencias ambientales y las quejas de las comunidades porque consideran que se están vulnerando sus derechos.
De esta manera, se siente lejano el objetivo de contar con una infraestructura organizada que se traduzca en mayor intercambio comercial y racionalización de los costos de transporte, pero Colombia tiene que ser persistente para aprender de los grandes errores del pasado para hacer hoy las cosas bien. ¡La adversidad es el mejor de los maestros!
Algunos sectores del país están impacientes por la percepción que existe lentitud en la ejecución de las obras y hay poco para mostrar, pero el Ejecutivo acaba de crear la Agencia Nacional de Infraestructura con las mejores herramientas y está anunciando el impulso de obras con una inversión de 40 billones de pesos en lo que resta de la década.
Además, el Ministerio de Transporte tiene el compromiso de aumentar los recursos públicos en 7,9 billones de pesos para el próximo año. De esta manera, el Gobierno está enviando mensajes de avances reales en un área clave para el desarrollo nacional, pero el Congreso Nacional de la Infraestructura, realizado la semana anterior en Cartagena, no piensa lo mismo.
El Gobierno mantiene la propuesta del 10% para los anticipos de las obras de infraestructura, porque el objetivo de esta política es pagar los contratos contra la entrega de obras y hacer negocios con empresas que tengan buenos respaldos financieros, lo que de alguna manera da mayor seguridad sobre la capacidad y seriedad de los proponentes.
Se trata de evitar las obras abandonadas e inconclusas, anticipos no utilizados, pérdidas de recursos públicos, caducidades y declaraciones de quiebras. Los casos de la autopista del café, la doble calzada Bogotá- Girardot y la Avenida 26 de Bogotá, son unos fiascos que muestran la evidencia de cómo no deben ejecutarse los proyectos.
Para alcanzar los objetivos hacia la prosperidad está claro que el Gobierno necesita trabajar de la mano con los ingenieros, constructores e inversionistas, porque lo que se está definiendo es una infraestructura organizada y decente para tener un mejor país, más justo y menos desigual.
Lo anterior significa que los anticipos, balances inflados, la información inexacta de experiencias en ejecución de obras, la demora en los permisos ambientales y la compra de predios, son causas que demoran, en forma injustificada, las entregas oportunas de las obras.
En la era de los tratados de libre comercio merece un trato especial la pesada carga impositiva que frena la competitividad del país y lo presenta como poco atractivo para el radar de los inversionistas extranjeros, a pesar de las mejoras que se tienen en las facilidades para el pago de los impuestos. ¡Es triste reconocerlo, pero en nuestro país las empresas terminan produciendo solo para pagar la enorme carga impositiva!
Esta realidad colombiana es dramática y frustrante porque nos hemos convertido en un país parasitario que necesita innovar, rediseñar y definir estrategias claras que atraigan a los inversionistas, eliminando las debilidades y desequilibrios que existen en esta materia.
¡Todos los actores de estos procesos, que además de ser coherentes, deben tener en mente que la prioridad es la sanidad de las costumbres y el desarrollo equilibrado regional, a pesar de los ruidos ya mencionados. Hoy, al Gobierno no le gusta lo que está recibiendo, lo cual quiere decir que debe revisar a fondo lo que está entregando!
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