Un fallo judicial genera polémica entre miembros del Ejército y los familiares de una menor indígena de la etnia Wiwa que fue víctima de una ejecución extrajudicial por parte de tropas del Batallón La Popa de Valledupar, el 9 de febrero de 2005 en estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta.
El Juzgado Primero Administrativo de Valledupar, ordena que el Ejército pida disculpas públicas por la muerte de la menor Noemí Pacheco Zalabata, de 14 años, pero los familiares de la víctima no están conformes por la forma en que las fuerzas militares piensan pedirles perdón.
“En ese fallo se ordena la reparación judicial de los perjuicios morales y materiales causados por parte de las agresiones militares. En uno de sus numerales ordena un acto público de perdón”, explicó Álvaro Frías, del colectivo de abogados ‘José Alvear Restrepo’.
José Pacheco Malo, pide que el Comando del Batallón La Popa haga el acto público en territorio indígena y no en una guarnición militar.
“La asesinaron y le pusieron prendas militares haciéndola pasar como guerrilla, eso era calumnia lo que le levantaron a la hija mía, ella nunca fue guerrillera”, recordó el entristecido padre que ayer junto otros miembros de su comunidad indígena se agolparon a las afueras del Palacio de Justicia de Valledupar. Los indígenas radicaron una tutela contra el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional – Batallón de Artillería No. 2 La Popa, ante la sala penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de César, en la que solicitan se ordene como medida provisional, el aplazamiento inmediato del acto de disculpas o perdón, hasta tanto no se asegure un procedimiento de reconocimiento de responsabilidad que vincule a las víctimas y a su comunidad indígena.
Pedro Manuel Loperena, miembro de la comisión de derechos humanos del pueblo Wiwa, dijo que las disculpas públicas que se pretendía hacer la mañana de ayer, era un proceso inconsulto por parte de las fuerzas militares.
“Las disculpas deben hacerse en nuestro resguardo y delante de nuestras autoridades y no en una guarnición militar porque consideramos que no es el lugar adecuado”, expresó el líder indígena.
Por su parte, el comandante del Batallón de Artillería La Popa de Valledupar, coronel Jesús Antonio Avendaño asegura que el fallo judicial no estipuló un sitio especial para realizar el acto que ha fracasado en dos ocasiones.
“Habíamos previsto realizarlas en el batallón, a la primera citación por cuestiones de información no se asistió, citamos nuevamente para el día de hoy (ayer) a las 9:00 de la mañana pero tampoco asistieron, voy a esperar a ver si los delegados de la víctima se comunican con el Ejército para determinar a futuro que se va a hacer con estas disculpas públicas”, precisó el oficial.
–RECUADRO–
Así pasó
En la madrugada del 9 de febrero de 2005, Nohemí, fue sacada de su vivienda, ubicada en la vereda El Pontón, camino al corregimiento de Atánquez, junto con su compañero Hermes Enrique Carrillo Arias, por varios soldados pertenecientes al Batallón de Artillería No. 2 La Popa, quienes posteriormente presentaron a los indígenas como guerrilleros dados de baja en combate.
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Militares condenados
Por la muerte de la niña indígena, el Tribunal Superior de Bogotá, confirmó la condena en segunda instancia a penas entre 34 y 31 años de prisión a los integrantes del Ejército Nacional, Boris Alejandro Serna Mosquera, Analdo Enrique Fuentes Estrada, Omar Eduardo Vaquiro Benitez y Deimer Cárdenas Martínez por los delitos de homicidio agravado, en concurso con los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal y falso testimonio.
En la actualidad existe una investigación penal frente a otros responsables y disciplinaria en la Procuraduría General de la Nación, a la espera de proferir pliego de cargos contra los militares condenados.