Después de la denuncia interpuesta por la ministra de Educación, Gina Parody, ante la Contraloría General de la Nación, el organismo de control inició la vigilancia fiscal al convenio de asociación suscrito por la Alcaldía de Valledupar con la Fundación Acción Social Integral –ACSI (antes Kabala).
El convenio firmado es por 12 mil millones de pesos y según la Contraloría desatendió la regla general de licitación pública, y presuntamente incurrirá en costos que no pertenecen a la destinación específica de los recursos del PAE (Programa de Alimentación Escolar).
En la Gobernación del Cesar el órgano de control hizo seguimiento a la contratación suscrita para tal fin por el Secretario General del Departamento, en el que evidenció que a pesar de realizarse a través de licitación pública, como en otras vigencias, se presentó un solo oferente y fue la misma Fundación ACSI.
Con ésta suscribió el contrato de prestación de servicios por valor 17.269 millones, en el que establecieron costos no específicos del programa, tales como pólizas de cumplimento, estampillas departamentales, entre otros, que posiblemente incrementan el valor diario de la ración.
Por este contrato el Departamento del Cesar ya ha girado al contratista la suma de 6.907 millones de pesos por concepto del 40 % del valor del contrato pactado a razón de anticipo.
Para el órgano de control “posiblemente los entes territoriales y el operador, que en ambos casos es el mismo, estarían incurriendo en incumplimiento de las responsabilidades establecidas en las normas expedidas por el Ministerio de Educación Nacional”.
Estas medidas fueron dadas a conocer por el contralor General de la Nación, Edgardo Maya Villazón, en la socialización que hizo con la Ministra de Educación del informe de resultados de la Actuación Especial número 83 de 2015, que se llevó a cabo en los siete departamentos de la Costa Caribe.
A partir de éste, acordaron articular acciones con el fin de garantizar el efectivo seguimiento, vigilancia y control a la operación del Programa de Alimentación Escolar en todo el país.
La Contraloría informó que son muchas las acciones que desde el año pasado viene adelantando a fin de controlar el desvío de los recursos del programa.
Es así como en noviembre del año pasado, Parody, denunció irregularidades en los departamentos de Córdoba, La Guajira, Magdalena y Santander, y enfatizó en los carruseles que han generado corrupción con los recursos que cofinancia el programa.
En enero de este año la Ministra de Educación pidió a la Contraloría adelantar las investigaciones correspondientes a los recursos transferidos al Departamento del Cesar y al Municipio de Valledupar, por presuntas irregularidades en los procesos contractuales que se efectuaron para la prestación del servicio de alimentación escolar, toda vez que ambos contrataron con ACSI.
Tanto Alcaldía como Gobernación contrataron con ACSI, por lo que la Contraloría le tiene le ‘ojo’ puesto a los convenios.
Redacción