Como lo hizo en el 2006 con la Ley de Justicia y Paz, la Corte Constitucional introdujo ajustes claves a la norma que evitará que 26 mil paramilitares rasos terminen presos por la sola pertenencia a los grupos de autodefensa.
Esta semana, en una trascendental decisión, la Corte declaró exequible esa fórmula jurídica, que plantea que no habrá cárcel si los ex Auc firman acuerdos individuales de paz, colaboran con la reconstrucción de la verdad histórica y cumplen labores de reparación a las víctimas.
Pero los magistrados le cortaron el vuelo a un inciso que, en la práctica, habría impedido que las versiones de los ex ‘paras’ terminaran en investigaciones contra terceras personas. Así, los políticos, funcionarios o simples particulares que fueran señalados por los 26 mil desmovilizados como supuestos partícipes en delitos habrían sido intocables para la justicia colombiana.
La Corte aceptó que lo que digan los ‘paras’ rasos no podrá ser usado judicialmente en su contra ni contra sus familiares más cercanos (en atención al principio de la no autoincriminación). Pero también señaló que extender ese beneficio a cualquier otro tercero, como lo establecía la norma, iba en contravía con los derechos de las víctimas y que era una concesión innecesaria para la paz.
“No consideramos que eso fuera un ‘mico’, pero generó mucha preocupación porque era un trato demasiado favorable para un grupo indeterminado de personas en una ley que de por sí ya daba beneficios polémicos”, señaló uno de los magistrados. “Quienes se beneficiaron de estos grupos deben ser procesados por la justicia”, agregó.
En cinco años, basados en las confesiones de menos de 3 mil ex ‘paras’, los fiscales de Justicia y Paz han compulsado copias contra 420 políticos, 426 militares y policías y otras 5 mil personas más. Ya ha habido varias condenas, especialmente de ex congresistas, ex alcaldes y ex gobernadores.
Gobierno, satisfecho
Altos funcionarios consultados por este diario consideran que los ajustes realizados por la Corte son pertinentes, y aseguran que el proyecto original presentado por el Ejecutivo no incluía la protección jurídica para los terceros ‘salpicados’ por las confesiones de los ex ‘paras’.
Esas mismas fuentes señalan que fue en los debates legislativos donde se incluyó el inciso que se cayó en el examen de la Corte. “En el Congreso se discutió abiertamente cómo hacer para dar garantías cuando las declaraciones involucraran a políticos y por eso se hicieron ajustes al texto original”, afirman.
Por su lado, el senador Roy Barreras, que fue ponente de la Ley que pasó el examen de la Corte, afirmó que el fallo era “coherente y previsible”, pues “la actual Constitución exige” que las confesiones de los desmovilizados “se conviertan en procesos judiciales contra terceros implicados”.
Sin embargo, manifestó su preocupación por los límites impuestos por la Corte. “El conocimiento de la verdad total se logra con la existencia de comisiones de la verdad no judiciales”, señaló.
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