Un proyecto de acto legislativo fue presentado por la senadora Paloma Valencia, en compañía del expresidente y también senador Alvaro Uribe Vélez: “Por medio del cual se modifican los artículos 186, 235 y 251 de la Constitución Política y se implementa el derecho a impugnar las sentencias condenatorias”.
El proyecto que busca reformar la Constitución Política en materia de administración de justicia y el equilibrio orgánico de frenos y contrapesos, propone modificar el artículo 186 de la Constitución Política del 91 que originalmente reza: “De los delitos que cometan los congresistas, conocerá en forma privativa la Corte Suprema de Justicia, única autoridad que podrá ordenar su detención. En caso de flagrante delito deberán ser aprehendidos y puestos inmediatamente a disposición de la misma corporación”, y reestructurarlo de manera que el mismo artículo quede así:
“Ningún miembro del Congreso podrá ser aprehendido ni llamado a juicio sin permiso de la Cámara a que pertenezca, durante el período constitucional. En caso de flagrante delito deberán ser aprehendidos y puestos inmediatamente a disposición de la misma corporación. Ningún miembro del Tribunal Supremo Constitucional podrá ser aprehendido ni llamado a juicio sin permiso de la Comisiones Primeras Conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes”.
La propuesta no solo ha generado controversia por el supuesto “mico” con el que, al parecer, se busca blindar a los congresistas de manera que solo puedan ser capturados en caso de que la Cámara de Representantes o el Senado así lo aprueben.
El llamado “mico” se suma a la propuesta de establecer una ‘Súper-Corte’ donde se unifiquen las altas cortes, lo que ya había sido propuesto por el presidente Duque durante su campaña como candidato a la presidencia.
A esa idea ya el Gobierno, a través de la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, se negó al argumentar que no es conveniente.